Una meta fiscal, pero ¿a qué costo?
Desde hace más o menos quince años nuestros ingresos no eran más altos que nuestros gastos, sin contar el monto por intereses; nuestro resultado primario ascendió a cerca de 26 mil millones de colones o un 0.07% del PIB al finalizar el mes de setiembre anterior. Aún más, durante los primeros siete meses del año el país acumuló un resultado positivo acumulado que ronda el 0.26% del PIB.
Lo anterior supera con creces la meta indicativa fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional para el primer semestre del año, que se proponía cerrar con un déficit de menos de 624 millones y que la deuda no pasara de los 42.6 mil millones de dólares. Fuimos tan responsables, que no solo no tuvimos déficit, sino que nos “sobraron” 160 millones de dólares y el monto de lo fiado fue un 9% menor.
Esto, a todas luces, es un motivo de sobra para celebrar, sobre todo por estos días en los que el pesimismo y las malas noticias están a la orden del día… ¿verdad? Pues no. Celebrar estos datos denota no solamente una pobreza absoluta de análisis, sino un consuelo de tontos; porque ¿para qué confites en el infierno? Debemos preguntarnos más bien, a qué hemos tenido que renunciar como sociedad para alcanzar una meta fundamentalmente fiscalista. Porque hemos realizado recortes contables, como si el ejercicio de gobernanza económica no se diferenciara en nada en administrar una pulpería (con el perdón de los pulperos).
“¿Cuál ha sido el costo de oportunidad de este resultado primario positivo?” parece ser la pregunta adecuada. Pero ni tan positivo, porque poco o nada se ha hecho para aliviar el monto que debemos pagar por intereses, puesto que, durante el primer semestre de este año, dicho monto ascendió a 2.80% del PIB, la cifra más alta de los últimos 15 años. O sea, que nos están macro-garroteando; además: “la jarana sale cara”, a continuación, menciono el porqué.
El verdadero costo de estas reformas ha recaído sobre los programas sociales: de los 20 programas sociales que componen el esquema de inversión social básica, al menos 15 de ellos sufrieron recortes abruptos. Uno de los más graves es el de los programas sociales de vivienda que, en 35 años de existencia, ha dado más 400 mil soluciones de vivienda social, lo que representa una cuarta parte del total de las viviendas a nivel nacional, generando en promedio cerca de 40 mil empleos al año.
El recorte del presupuesto del año 2020 en el Fondo de Subsidio para la Vivienda, de casi 17 mil millones de colones, implicó una reducción en cerca de 7 mil soluciones de vivienda o 294 mil metros cuadrados menos de construcción y una destrucción de 26 500 empleos, solamente el año pasado y la tendencia no se ha revertido, todo lo contrario.
Sin embargo, no solo este programa sufrió recortes, también las pensiones del Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (-2.04%), las prestaciones alimentarias a mujeres
jefas de hogar del IMAS (-5.17%), los programas “Crecemos” del Ministerio de Educación Pública (-5.13%) y “Avancemos” (-5.47%), las Redes de Cuido y los programas de atención a los adultos mayores (-2.44%), por mencionar algunos.
Veamos el mensaje que subyace a las decisiones de recorte: de todo el amplísimo espectro de elementos y gastos que podrían admitir algún tipo de contención, se ha elegido de manera directa, amputar los dineros para los subsidios para la vivienda de interés social, las pensiones más sensibles, es decir, las del régimen no contributivo y los adultos mayores, programas educativos, redes de cuido y la asistencia a las mujeres jefas de hogar. Esto es una elección política clarísima ¿acaso importan menos estos grupos dentro de nuestra sociedad?
En medio de una pandemia, en una situación excepcional, se ha elegido limitar las oportunidades de los grupos más vulnerables, antes que realizar reformas profundas (por ejemplo) para combatir la elusión y la evasión, para reducir los portillos de impunidad, para hacer que los grandes grupos de interés que han estado exentos durante mucho tiempo de su correspondiente cuota dentro del reparto de las cargas públicas y el sostenimiento del estado de derecho asuman su justo cupo. Esto es, a todas luces, inmoral.
Ese es el verdadero costo del superávit primario. Se ha tomado una clara determinación de política pública en la que subyace una decisión totalmente obscena. Pero que es congruente con las propuestas legales del paquete de cumplimiento ofrecido por el gobierno al Fondo Monetario Internacional: una ley de empleo público plagada de errores de constitucionalidad y arrebatos autoritarios, una reforma de renta global que afecta solamente a los trabajadores y no a las corporaciones y con altas implicaciones regresivas o un refrito de la ley de casas de lujo que busca limitar una de las fuentes de financiamiento, precisamente, de los programas de vivienda.
Hay muchísimas formas de no cargar sobre los hombros de los sectores más vulnerables el costo de las reformas de carácter fiscal. Aunque la visión simplista y retahilera de algunos analistas pregone que se deben hacer recortes al gasto social como si el país fuera una pulpería (reitero) sirven para, precisamente, administrar una pulpería, más no comprenden el valor dinamizador de la inversión social como medida de protección ante las crisis.
Estamos ante un modelo de estado “uberfiscalista” y anoréxico que se conduce a contrapelo, incluso, de lo que ha dicho la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y la misma misión-país que examina el cumplimiento del programa, y que contraviene incluso una de las metas indicativas del acuerdo de servicio ampliado de la deuda en el que estamos incurriendo, según la cual se nos invita a aumentar en 0.1% anualmente la inversión social, pero, por el contrario, se proyecta que para el 2022 más bien se reduzca en 0.23 como porcentaje del PIB.
Nada que celebrar. Entonces, cuando nos digan que no nos están dando el segundo tracto del
préstamo con el FMI, porque no se avanza con el proyecto (por ejemplo) de empleo público, sabremos que es solo labia y quizá, ese segundo tracto, no esté llegando porque no estamos cumpliendo con la meta de inversión social, irónicamente. La amplitud de la comunicación vertical en estos temas es fundamental en el ejercicio democrático y es impúdico que se oculte o se maticen los alcances de esta decisión.
LUIS CARLOS OLIVARES
Economista, especialista en Análisis de Efectividad de Políticas Públicas para el Desarrollo.
Docente universitario e Investigador académico.
luigyom@hotmail.com