Ante el proyecto que regula USURA: los argumentos falaces de los banqueros

JOSÉ BLANCO OLIVARES Y DANIEL VARTANIAN ALARCÓN

Desde hace algunos meses se discute la posibilidad de establecer por ley cuál sería la tasa de interés por encima de la cual se podría decir que estamos en presencia de usura.

Esto inquieta a los bancos y, en particular, a los emisores de tarjetas de crédito que han puesto en circulación más de 2.900.000 tarjetas de crédito de muy diversos tipos, colores, atractivos y “regalos” para las personas que las utilizan frecuentemente. También tienen diversas tasas de interés, pero la mayoría de las deudas que, supera los 1,4 billones de colones, tienen un promedio (ponderado) de 40,68% anual.

Con una tasa ponderada como la existente (40,68% anual), los emisores de tarjetas de crédito reciben, sólo en intereses, un poco más de 48 mil millones de colones mensuales (o 577 mil millones de colones anuales); así que la posibilidad de que disminuyan sus ingresos, de aprobarse un límite en las tasas de interés por parte de la Asamblea Legislativa, hace que surjan diversas voces que defiendan estos intereses. Mismas voces que resultaron apagadas y escondidas, cuando se develó el secreto de que las empresas líderes de este mercado declaran NO tener ganancias y, por ello, no contribuyen con el impuesto sobre la renta, tal como ha informado el Ministerio de Hacienda.

A falta de mejores argumentos se dice que un límite a las tasas de interés podría ocasionar la exclusión financiera, especialmente de las personas con menores ingresos, pero ese argumento no solo es una falacia mal construida, sino que ignora que más de 800 mil personas son las que ya están excluidas del sector financiero, en razón de encontrarse con demandas – de cobro judicial – en los Tribunales de Justicia, por no tener posibilidades reales de pagar a tiempo los saldos adeudados y, mucho menos, poder pagar deudas que crecen exponencialmente, en razón de cobros adicionales por intereses moratorios que, en muchos casos, supera el mil por ciento anual. Situación que pretenden paliar con programas de educación financiera.

El sisma que ha generado este proyecto de Ley ha “dañado” la calculadora de Ronulfo Jiménez, asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), pues aduce que, de aprobarse dicha Ley, las ventas del sector comercial disminuirán en 294 mil millones de colones anuales, debido a que el costo fijo del manejo de operaciones por montos tan pequeños es muy alto y, a manera de ejemplo, indica que costo total rondaría el 59% por colón prestado para los tarjetahabientes que tienen ingresos por debajo de $300; de un 41% para un rango salarial entre $300 y $500 y de 34,5% para el rango de $501 a $750.

Es importante aclarar que los costos de operación (fijos y variables) del uso de una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito son prácticamente los mismos, pero curiosamente por el uso de la tarjeta de débito NO se cobra. De todas maneras, la mayoría de las personas de menores ingresos ya están excluidas de cualquier tipo de financiamiento. Por lo que no se justifica (ni técnica, ni moralmente) aplicar el mayor costo operativo, por parejo, a el resto de tarjetahabientes de mayores ingresos y que, además, son la mayoría de usuarios de ese sistema. 

La realidad es que ante una baja en las tasas promedio de interés del 40% anual a 32% anual, el disponible para consumo de las familias podrá aumentar en 10 mil millones de colones mensuales, y las transferencias (por intereses) de los más pobres a los más ricos disminuirá de 48 mil millones a 38 mil millones de colones mensuales. Esto significa más bien, que los más pobres podrán aumentar su consumo en más de 120 mil millones de colones anuales. 

Como sabemos, la gente con menores ingresos consume principalmente bienes de origen nacional, de modo que esos recursos que dejará de recibir el sector financiero mediante la determinación de una tasa de usura significará un paso firme, aunque todavía insuficiente para la reactivación económica y el crecimiento en el empleo que Costa Rica necesita. 

José Blanco Olivares y Daniel Vartanian Alarcón

Economistas y exfuncionarios del Ministerio de Economía