En defensa de los derechos de quienes hacemos música

ESTEBAN MONGE

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En estos días estamos siendo testigos de una campaña que atenta contra los derechos patrimoniales de propiedad intelectual de los que somos titulares las y los artistas musicales. Este tipo de campaña puede que encuentren calado en un entorno en el que poco o nada se habla sobre este tipo de temas.  Por eso es que resulta importante aclarar algunas cuestiones que no se visibilizan y que permitirían formarse un mejor juicio sobre lo que está sobre la mesa. La campaña a la que me refiero va dirigida a doblegar la voluntad del Gobierno de mantener intacto el marco jurídico que tutela dichos derechos, específicamente el derecho de “comunicación pública”, el cual es de gestión colectiva obligatoria.

En este sentido, es importante iniciar indicando que la Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos es un componente fundamental de las industrias culturales.  Si pensamos en términos ecosistémicos, la Gestión Colectiva posibilita que haya un equilibrio entre los intereses de quienes generan contenidos -en este caso, obras, interpretaciones y ejecuciones musicales y fonogramas- y quienes utilizan esos contenidos como insumo para su actividad económica. Es a esa utilización lo que se le conoce como “comunicación pública”.

Actualmente, en Costa Rica ese equilibrio está roto.   No todos los sectores que hacen comunicación pública de obras e interpretaciones musicales están reconociendo económicamente su aporte a quienes hacen posible que la música exista.  Esto es como que la panadería no le pague a quien produce la harina para el pan y esto contradice lo establecido en el marco jurídico internacional y nacional que reconoce los derechos de autor y los derechos conexos, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Política.  

Ese no reconocimiento se da pese a que hemos creado entidades de gestión colectiva (EGC) que actúan en apego a la legislación vigente, para que nos representen.  Estas entidades no solo gestionan derechos de artistas nacionales, sino que, a partir de los convenios de reciprocidad firmados con entidades homólogas de otros países, también gestionan los derechos de las personas titulares de los mismos de todo el mundo.  No hacerlo, sería contravenir una de las obligaciones que el Estado les exige cumplir para poder operar.

Sumado a lo anterior, quienes hacemos música en el país tenemos un desafío adicional: el bajo porcentaje de programación de música nacional en los medios de comunicación.  Amparándose en esta situación, es que algunos representantes de organismos de radiodifusión indican que en Costa Rica no debería haber gestión colectiva, pues la plata “se va afuera”.  

Este es un argumento engañoso, pues, en primer lugar, los derechos de autor y conexos pertenecen tanto a titulares nacionales como extranjeros y es deber de las entidades gestionar los derechos de unos y de otros.   En segundo lugar, porque esto no sucedería si los radiodifusores -quienes utilizan ese argumento a su favor- programasen más música nacional. Y, en tercer lugar, porque no es cierto que todo lo recaudado se reparta a artistas extranjeros, pues hay artistas nacionales que han recibido, reciben y recibirán pagos ya sea por conciertos, por música que suena en establecimientos comerciales y por música que, aunque en un porcentaje muy bajo, suena en radio y televisión y en plataformas digitales.  

Un porcentaje de la recaudación que realizan las EGC se destina a cubrir costos de operación de las entidades, los cuales implican contratar bienes y servicios en el territorio nacional; otro se destina a los fondos de promoción cultural y previsión social, los cuales benefician a las personas asociadas nacionales, y otro, al pago de impuestos.    Así mismo, las entidades nacionales están implementando mecanismos de protección del repertorio nacional, de modo que, si el porcentaje de música nacional que suena en medios no supera el 5%, se pueda repartir un porcentaje mayor entre artistas nacionales. Esa es una cuestión que las entidades discuten en el seno de las federaciones internacionales a las que pertenecen.

Desde que las entidades se crearon, empezando por la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM), la cual este año cumple 30 años, ha habido sectores de usuarios de la música que se reúsan a reconocer nuestros derechos y han procurado debilitar la normativa relacionada con la materia.  La lucha por sensibilizar y generar una cultura de respeto del trabajo de las personas trabajadoras de la cultura, es interminable. Por eso, es fundamental vincular la existencia de estos derechos y estas entidades con la tendencia a estimular lo que se conoce como Economía Naranja. Este es un tema abordado en el Plan de Gobierno de la actual Administración y es algo que se ha venido impulsando desde el Ministerio de Cultura y Juventud.  Esta comprende a aquellos sectores productivos basados en la creatividad, la innovación y la propiedad intelectual. No es posible que el Estado Costarricense considere que solo algunos sectores de la Economía Naranja tengan derecho a verse beneficiados por la riqueza que esta genera. 

La música y la cultura, como industria, tiene un gran potencial, no solo económico, sino transformador de la sociedad.  Nuestro país, desde hace décadas, viene invirtiendo en la formación de artistas de muy alto nivel. Debilitar el marco legal e institucional que garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos de autor y derechos conexos, es destruir esa industria sin que esta haya desarrollado su potencial; es negarle un mejor futuro a quienes ya nos dedicamos a la música y  a las nuevas generaciones de artistas que están en formación. La música y las artes en general pueden contribuir al desarrollo económico y social, por lo que su accionar debe ser robustecido y no debilitado.

El Estado debe tutelar estos derechos y garantizar un equilibrio entre los intereses de ambas partes (titulares y usuarios).  No hacerlo equivale a legitimar un despojo. Para el sector de la música y de las artes en general, es fundamental que se establezca una cultura de reconocimiento de derechos en lugar de una cultura de gestión de favores por parte de quienes lucran con nuestro trabajo.  Y el Estado debe jugar un rol proactivo en esa dirección.

ESTEBAN MONGE

Cantautor, máster en Gestión Cultural y presidente de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes