Atlas herido: la primera gran derrota neoliberal costarricense
DAVID DÍAZ ARIAS
El presente costarricense se parece tanto al pasado que tuvo al finalizar el siglo XX, que, en muchas ocasiones al leer las discusiones de aquel momento, uno experimenta la sensación de haber leído lo mismo en el periódico de hoy por la mañana. Así, hacia inicios de la década de 1990 Costa Rica discutía las mismas temáticas del 2020, como se verá más adelante.
Esa discusión, desde 1981, había provocado un choque público entre dos visiones económicas aparentemente enfrentadas: la socialdemócrata y la neoliberal. No obstante, la discusión pública de esos modelos se convirtió básicamente en una herramienta electoral, pues, en la práctica, los socialdemócratas del Partido Liberación Nacional (PLN) fueron quienes desarrollaron, entre 1982 y 1990, los principales programas de reforma del Estado que fueron conocidos como PAE 1 y PAE 2.
Empero, el principal grupo de economistas neoliberales se encontraba, sin duda, en las filas del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), fundado en 1983. Hacia 1990, el término neoliberal todavía no había adquirido el conjunto de “anti-valores” con que fue adornado en los siguientes años (especialmente en la campaña presidencial de 1993-1994) y las riendas de la reforma económica del país recaían en esos especialistas que aparecían como científicos ajenos a la política y como técnicos que podían intentar resolver los principales problemas que se arrastraban desde la gran crisis económica de 1980-1981.
Con una ventaja de más de 4 por ciento en los votos emitidos, Rafael Ángel Calderón Fournier ganó las elecciones del 4 de febrero de 1990. Muy pronto, como presidente electo le indicó a la prensa su prioridad económica: “solventar el déficit fiscal de una vez… También nos interesa iniciar conversaciones con el Banco Mundial, para ver la posibilidad de lograr un PAE III orientado a conseguir mayor eficiencia en el sector público”. El equipo económico de Calderón estaba integrado por Jorge Guardia como presidente del Banco Central, Thelmo Vargas como Ministro de Hacienda, Helio Fallas como Ministro de Planificación y Gonzalo Fajardo como Ministro de Economía. Calderón tomó el poder el 8 de mayo de 1990.
Los economistas socialcristianos apostaron por acelerar la reforma en un contexto internacional en que, con la derrota sandinista en las elecciones de febrero de 1990 en Nicaragua, la región centroamericana perdió atractivo geopolítico para los Estados Unidos, lo cual llevó a una tremenda disminución del volumen de ayuda económica que venía de Washington a San José.
El gobierno también pisó el acelerador en las medidas de desgravación arancelaria y en las minidevaluaciones, adoptó nuevas vías de liberalización de la inversión extranjera, la liberación de los precios de productos provenientes del agro, se plantearon posibles planes de privatizaciones de empresas estatales como la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y se anunció el inicio de conversaciones con el Banco Mundial para llevar adelante un PAE 3. Esas presiones que venían de los entes internacionales se complementaron bien con la perspectiva del grupo de economistas neoliberales en el gobierno, quienes pretendían avanzar con la reforma del Estado.
A fines de mayo de 1990 el gobierno anunció que desarrollaría un drástico ajuste económico en los primeros 18 meses de la administración. En junio de 1990, Thelmo Vargas asistió al VIII Congreso Industrial y señaló su deseo de privatizar el Instituto Nacional de Seguros, RECOPE, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y los bancos estatales. En ese mismo mes, Vargas y Guardia anunciaron un aumento en las tarifas de varios servicios públicos, la subida del impuesto de ventas del 10 al 13 por ciento, un aumento del impuesto de la renta y un nuevo tipo de cambio del dólar. En julio, el gobierno anunció un recorte drástico en sus gastos y, en la Asamblea Legislativa, el diputado socialcristiano Miguel Ángel Rodríguez propuso una reforma constitucional que incluyera un capítulo de “garantías económicas” en la Carta Magna, que limitaran el gasto público, controlara las tarifas de los servicios públicos y otra serie de normas que volvieran constitucional el ajuste estructural.
En octubre, el Ministro Vargas habló de limitar el gasto y de cambiar la política salarial de los empleados públicos por medio de decretos del gobierno. A fines de 1990, Vargas reveló que el FMI no imponía nada al gobierno y que, más bien, la administración estaba en sintonía con el ente internacional; al mismo tiempo, indicó que habría una reforma a las pensiones y que las universidades públicas eran onerosas para el Estado, por lo que se había propuesto que sus graduados le pagaran al erario público por su instrucción, una vez graduados y durante un periodo de cinco años. Por si fuera poco, el ministro indicó la necesidad de pasar un paquete tributario. Ya para abril de 1991, Vargas sentenció que sin un PAE 3, volvería el caos económico al país.
De esa forma, desde mayo de 1990 hasta principios de noviembre de 1991, Thelmo Vargas se convirtió en la cara más visible del grupo neoliberal socialcristiano, hasta un punto que lo llevó a enfrentarse con el presidente Calderón por la política de despidos y movilidad laboral obligatoria que había desarrollado el gobierno. El contexto social se había complicado para Calderón: en octubre de 1991, ocurrieron muchas marchas de empleados públicos (entre ellos trabajadores bancarios, hospitalarios, de Fertilizantes de Centroamérica, de RECOPE, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, de comedores escolares y de las universidades) protestando en contra de los despidos, las medidas económicas y la privatización anunciada de algunas empresas). Además, el 23 de octubre, al inaugurar su 49º Congreso, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) indicó que se enfrentaría a las políticas económicas del gobierno. Calderón enfrentó las críticas cediendo en la agenda de su gobierno al anunciar que descartaría la movilidad laboral forzada y se frenarían los despidos.
Vargas, quien se encontraba en ese momento en una conferencia del FMI y del BM en Bangkok (Tailandia), se mostró sumamente preocupado con el anuncio del presidente, que además incluía un aumento de los fondos que el estado otorgaba a las universidades públicas. Al volver a Costa Rica, inmediatamente, Vargas amenazó con renunciar a su puesto y dejó claro a la prensa que se mantendría en su cargo de ministro “con la condición de que el Gobierno no varíe el rumbo del programa económico”. Si renunciaba, Vargas anunció una especie de apocalipsis económico para el país,
Lo indicado por Vargas era el peor de los escenarios, que no se comparaba con el que describió Eduardo Lizano en 1989 en caso de que no se aprobara el PAE 2. En buena medida, esta visión de Vargas llevó a que los economistas neoliberales calderonistas comenzaran a hacer uso de ese escenario para meter presión en favor de las reformas. Muchos empresarios cuestionaron a Calderón, al tiempo en que declararon a la prensa que apoyaban a Vargas. El embajador de los Estados Unidos también intervino en la discusión al endosar públicamente el programa económico del gobierno durante un almuerzo organizado por empresarios nacionales en el Club Unión en apoyo al ministro Vargas.
Vargas precisó que todos los cambios tenían un costo político, pero que los beneficios para el país ya se notaban en cierta recuperación de indicadores como el déficit de exportaciones, en el desarrollo de divisas, en la baja del déficit del sector público y una baja en la inflación que apuntaba a 18 por ciento. Todas las reformas, pensaba Vargas, eran impostergables existieran o no convenios con el FMI o el BM. A los opositores los concibió como movilizados en favor de intereses mezquinos, por lo que llamó a las “mayorías silenciosas” a manifestarse contra esos grupos. Vargas pensaba que los sectores con menor capacidad económica eran los que llevaban sobre sus espaldas el mayor peso de los “privilegios”, de forma que los pobres subsidiaban a los ricos.
A inicios de noviembre, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y el Frente Nacional Contra la Privatización (FNCP, compuesto de sindicatos) exigió públicamente que Vargas renunciara a su cargo, porque su política económica era “diametralmente opuesta a la esencia y la idiosincrasia del ser costarricense”. Los sindicatos concebían a Vargas como propulsor de esquemas rígidos, ortodoxos, inflexibles y autoritarios y hablaban de que el país estaba sometido a dos gobiernos: uno electo popularmente (el de Calderón) y otro impuesto por el FMI, cuyo representante era Vargas.
Por supuesto, lo que esa división pública produjo fue un cisma entre el presidente de la república y el ministro. Ese conflicto llevó a la renuncia de Vargas el 3 de noviembre de 1991; esa renuncia fue interpretada como un triunfo del sector con preocupaciones sociales del calderonismo. En todo caso, la salida de Vargas del gobierno podría considerarse como la primera gran derrota política del neoliberalismo costarricense luego de la crisis de 1980-1981. Una salida como esa era inimaginable en los ocho años anteriores de los liberacionistas, pues la reforma del Estado emprendida por el neoliberalismo se vislumbraba todavía como un asunto técnico, necesario para estabilizar la economía y liderado por profesionales a quienes era imposible cuestionar su ecuanimidad.
Con la renuncia de Vargas quedaban todos esos elementos en entredicho, mostrando una actitud diferente de parte de los grupos contestatarios con respecto a la reforma y con respecto a los intereses involucrados en ella. Miguel Ángel Rodríguez lo resumió bien cuando indicó al diario La República que la salida de Vargas ponía fin a una etapa “en la cual un grupo con fortaleza técnica y transparencia intelectual vino señalando unos problemas y diciendo lo que se podía hacer”. En otras palabras, los técnicos neoliberales habían sido increpados y cuestionados, volviendo la reforma un asunto político y ya no solo economicista. Fue el momento, también, en que los sindicatos comenzaron a presentar al neoliberalismo como uno de los mayores males de la historia. Dos derrotas seguidas.
DAVID DÍAZ ARIAS
Historiador