De las patadas al atentado
La última semana de mayo de 2020 queda marcada como una de las más intensas en materia de salud pública, apertura económica gradual y recambios políticos.
Atención de la pandemia
Costa Rica sigue teniendo uno de los índices más bajos de letalidad por covid-19 conforme a las estadísticas mundiales, a pesar de contabilizar uno de los mayores incrementos de casos de contagio en una semana (104 nuevos casos del 23 al 30 de mayo) desde que el gobierno tomó medidas drásticas para forzar el aislamiento y el distanciamiento social, tales como evitar la circulación de personas y vehículo, cierre de locales comerciales, actividades y centros turísticos, entre otras.
Además del aislamiento de las personas que presentan síntomas de contagio y el distanciamiento preventivo que asumió prácticamente toda la población, Costa Rica cuenta con un número significativo de recuperados, que alcanza al 63,9% de los casos de personas contagiadas, y al 30 de mayo de 2020 sólo tenemos 359 casos activos; de ellos sólo 15 personas se encuentran hospitalizadas.
Frente a esta serie de datos surgen dos interrogantes:
¿En qué se diferencia Costa Rica de los demás países para tener una baja mortalidad por covid-19? ¿A qué se debe que el tratamiento médico suministrado a los pacientes de coronavirus sea más efectivo que en otros países?
¿Estas condiciones favorables (baja letalidad y resultados positivos de los tratamientos) podrían deteriorarse en tanto se acelere la apertura de las actividades económicas?
Una primera respuesta tiene relación con la mejor disponibilidad de un servicio de salud pública que se ha mostrado muy efectivo a pesar de enfrentar una enfermedad nueva de la cual no existe información científica suficiente, aunque tampoco se ha difundido las características de los tratamientos que han dado, al menos hasta ahora, muy buenos resultados.
La respuesta a la segunda incógnita es realmente preocupante. A medida que aumenta la apertura de las actividades económicas crece significativamente el número de personas contagiadas, y es probable que dentro de algunos días aumenten los fallecimientos y el número de personas internadas, a pesar del buen desempeño en los tratamientos realizados. Así lo muestra no sólo el número de infectados sino también la secuencia de hospitalizados y en cuidados intensivos.
Apertura económica gradual
Tanto el ministerio de Salud como la Presidencia y el resto de instituciones han establecido una agenda de apertura gradual de las actividades que debieron restringirse ante la gravedad que representaba la pandemia. En la última semana de mayo aparecieron algunos hechos sobresalientes:
La actividad de transporte intrarregional por carreteras mostró algunas debilidades importantes que podrían extender el contagio, ya que tanto Nicaragua como Panamá, muestran mayores índices de personas afectadas. Los medios informaron que más de 60 transportistas fueron devueltos, por presentar síntomas positivos de la enfermedad, y algunos empresarios, seguramente afectados directamente en sus negocios, como la señora representante de la Cámara de Exportadores, llegaron a “advertir” y a “exigir” la intervención del Presidente de la República para que se facilite el transporte de mercancías.
La restricción vehicular se redujo de 10 horas los días de semana a 7 horas (desde las 10:00 pm a las 5:00 am), y algunas actividades comerciales como restaurantes y locales, reanudaron su actividad en días de semana, limitando la cantidad de personas que pueden acceder simultáneamente a sus locales. A pesar de que el sector acató y sigue acatando la normativa basada en la Ley de Salud Pública, el sector representado por CACIA fue más allá de la crítica e intenta posicionarse tildando de “miopía” al Gobierno, que desatiende el desempleo y que puede amenazar gravemente la estabilidad social y democrática del país, según lo comunicó por redes sociales. Para CACIA la recuperación económica debe seguir los postulados de la ortodoxia económica y minimiza las concesiones ya obtenidas por el sector empresarial, tales como la limitación al derecho de huelga, el acceso a moratorias de los aportes impositivos y de la seguridad social que representan créditos sin intereses, nuevas atribuciones para reducir salarios y jornadas laborales, entre otros incentivos para paliar la crisis. Tampoco se refiere al compromiso empresarial, por demás inexistente, para garantizar al menos un mínimo de estabilidad laboral.
En otras latitudes, por no mencionar a las instituciones financieras internacionales que postulan la necesidad de imponer cargas tributarias adicionales y temporales sobre la riqueza de las personas más favorecidas por políticas que acentúan la concentración, la solución a la falta de liquidez se obtiene mediante la emisión sin que ésta sea causa de inflación. Tal es el caso de Argentina en donde quedó demostrado que en períodos recientes de cero emisión, la inflación llegó al 50%; en cambio en abril de este año, con prohibición a la empresas de realizar despidos sin justa causa (incluyendo las razones asociadas a la pandemia) con un aumento de la base monetaria del 42%, la inflación sólo fue del 1,5% con una proyección menor al 15% anual. Frente a la necesidad de preservar el ingreso que se requiere para sostener la demanda agregada y aun con subsidios temporales de desempleo financiados con emisión monetaria, se equivoca la ortodoxia académica que se resiste a emitir para financiar el mayor gasto tras una supuesta estabilidad monetaria que en nada contribuye a paliar el hambre ni el desempleo.
Otro caso interesante de políticas para la reactivación surgió el viernes de esta última semana de mayo en España, en donde el Consejo de Ministros aprobó otorgar un ingreso mínimo vital para acabar con parte de la pobreza acumulada y agravada por la crisis del coronavirus. El ingreso mínimo vital familiar se establece en 462 euros mensuales para un adulto mayor sin cargas familiares, y hasta 1.015 euros para un grupo familiar compuesto por dos adultos y tres niños. De esta forma se combate el riesgo de pobreza que podría afectar al 20 por ciento de la población, bajo condiciones agravadas por la pandemia. Nace en España un nuevo derecho social, que reconoce la necesidad de fortalecer la demanda agregada por encima de la restricción al gasto público, como mal se postula por parte de los economistas que sirven a los intereses empresariales, que buscan incidir sobre las decisiones del Gobierno de Costa Rica.
Cambio de ministros
Casi al final de la última semana de mayo de 2020, se conoció la renuncia y nuevas designaciones de ministros. La ministra de Comunicación había bajado sustancialmente su perfil luego de algunos enfrentamientos con sus colegas y por haber desmentido públicamente al ministro de Hacienda sobre un supuesto impuesto nuevo a los salarios. El ministro de Ciencia y Tecnología, aparentaba desconocer la gravedad de la pandemia y la necesidad del gobierno de contar con recursos acumulados durante años en Fonatel, los cuales habrían alcanzado los 40 mil millones de colones y se esperaba utilizar ese fondo para amortizar deudas. Pero la nota sobresaliente la dio la renuncia del ministro de Hacienda, que había llegado a emplazar públicamente al presidente, a efectos de que vetara un artículo de la ley recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa, que permite a las municipalidades eludir la regla fiscal.
Esta cambio, del ministro y del viceministro de Ingresos del ministerio de Hacienda, también queda enmarcado en el desesperado esfuerzo de la ortodoxia económica que privilegia la supuesta estabilidad y la reducción del déficit fiscal, a pesar de las necesidades imperativas de un estado de crisis que afecta a toda la sociedad costarricense. En su renuncia, el ex ministro señala que “…es probable que el Estado de derecho y el contrato social de nuestro país se vean amenazados…”, afirmación que genera alguna inquietud en tanto podría anunciar una escalada promovida por el sector empresarial y que agrave las condiciones que caracterizan al país como uno de los ochos más inequitativos del mundo.
Algunas otras voces se hicieron eco. Rodrigo Cubero del BCCR se refirió expresamente a la negativa de echar mano a las Reservas Monetarias Internacionales.
El presidente del Banco Central no ahorró críticas a la política oficial de apertura gradual para la reactivación. En su visión para superar la crisis económica originada en la pandemia, propuso a través de reportajes televisivos y consultas periodísticas, que se debería aumentar el IVA y reducir a la mitad las contribuciones obrero patronales a la CCSS. De esa forma evade la responsabilidad que sí tiene el BCCR de facilitar la liquidez suficiente para afrontar los gastos urgentes que se requiere a través de una política monetaria adaptada a la realidad. Sus propuestas, que escapan a sus atribuciones definidas por ley, no tienen reparo en promover que la carga sea asumida mediante políticas regresivas que más afectan a las personas que sólo cuentan con ingresos de subsistencia.
En apoyo al viejo dogma académico expresado por el presidente del BCCR, surgió la voz de un ex gerente general del banco más grande la región centroamericana; don Fernando Naranjo olvidó sus enseñanzas de políticas keynesianas de apoyo a la demanda agregada en situaciones de crisis extremas y aludió a una supuesta equivocación del gobierno como la asignación del Bono Proteger y las ayudas con alimentos para las familias más necesitadas. Propone en cambio, la eliminación de precios mínimos (que no existen), de las tarifas máximas y de los salarios mínimos en todos los sectores. También propone, igual que don Rodrigo Cubero, una reducción del 50% de las contribuciones obrero patronales y la sustitución de emisiones inorgánicas por la canalización de recursos del exterior para financiar solamente salarios, pensiones y servicios de la deuda. Igualmente propone devaluar la moneda costarricense para favorecer al sector turístico, sin importar el efecto inflacionario que produciría un mayor costo en colones para los productos y materias primas importadas y que se destinan al consumo interno. En definitiva, un conjunto de medidas que también acentúan la inequidad prevaleciente.
Como era de esperar, la UCCAEP también hizo sentir su decepción por la salida del ministro de Hacienda. Don Álvaro Sáenz, con su acostumbrado tono enojado señaló, además de reclamar la contención fiscal, del empleo público y una reforma del Estado, que “…es necesario someter a la administración pública a una cirugía mayor (sic) que permita estabilizar a la sociedad…” Preocupa la referencia a la estabilización de la sociedad, en tanto sea entendida únicamente como “…el respeto y apoyo a la propiedad privada…” como si ésta no estuviera recibiendo ya el mayor esfuerzo de la sociedad a través de múltiples programas de apoyo, recursos subsidiados de capital provenientes de la moratoria en impuestos y contribuciones a la seguridad social, entre otros.
La Asamblea Legislativa, también tuvo su parte para acentuar las desigualdades. Mediante el mecanismo de generar una “interpretación auténtica de la ley”, modificó casi por unanimidad una ley que data de 1995 y que favorecía a las municipalidades en el cobro de impuestos sobre la propiedad inmueble a las empresas localizadas en zonas francas. Este irregular y cuestionado mecanismo no sólo podría significar una caída significativa de los ingresos municipales (al menos en el caso de Heredia tendría un impacto de 1.000 millones de colones anuales), sino que expone a esas instituciones a tener que devolver eventualmente, los impuestos ya recibidos y ejecutados. De esta manera, el régimen de privilegio que sólo aporta al 5% del empleo total del país, recibe claramente más beneficios sociales que los que aporta a la sociedad (exoneración de impuestos, venta sin IVA al mercado interno, uso de la infraestructura local de puertos, aeropuertos, carreteras, servicios de salud, de seguridad, de educación de la población, de administración de justicia, entre otros).
El discurso coincidente de un ex ministro, el jerarca de la autoridad monetaria y los representantes del sector empresarial y el aporte legislativo a la desigualdad, se asemeja en mucho al mensaje que hace unos pocos meses advertía sobre la necesidad de repartir patadas. Pero la apertura gradual para la reactivación no está mostrando los resultados esperados y por si acaso, mas bien pareciera que las amenazas van tomando formas de atentado.
DANIEL VARTANIÁN ALARCÓN
vartan2502@hotmail.com