De la UPAD y otros demonios
JOHAO LARIOS
Con lo acontecido en las últimas semanas y el bombardeo de los medios sobre este tema (algunos desde una posición política clara de atacar al gobierno), me parece de suma importancia analizar el tema desde otro lado.
¿Realmente necesita un gobierno una unidad o departamento para análisis de datos? Sí ¿Por qué?
En la era de la sobreinformación, los datos son esenciales para la toma de decisiones, si no, que pregunten en el mundo empresarial.
Ahora bien, uno de los temas controversiales es qué tipo de datos y para qué podría analizar el gobierno.
Acá es donde la UPAD nació muerta, esto pues ya se han encontrado indicios de espionaje político (por citar dos ejemplos: los análisis a las iglesias evangélicas y la embajada estadounidense).
Por el contrario, los gobiernos deben aprovechar la ventaja de otro tipo de datos para el análisis que podría ser útil para toda la comunidad, por ejemplo, análisis de cantidad de personas que vota por cada barrio, cantón y provincia, esto para saber dónde se debe prestar más atención al abstencionismo. Ahora mismo, “La Caja” realiza análisis sobre enfermedades que atiende por ubicación geográfica y temporalmente durante el año con el fin de prepararse para enfermedades comunes que aparecen durante X cantidad de meses en Y cantidad de lugares geográficos.
Otro ejemplo, fuera de estos lares, en Barcelona el ayuntamiento ha empezado a trabajar en políticas públicas entendiendo los datos como una infraestructura urbana, como lo son la red de suministro de agua o de energía; tratando los datos como un bien común y poniéndolos a disposición de los procesos de innovación social y económica; protegiendo la privacidad y la soberanía de datos de los ciudadanos. Hay también ejemplos en New York y Londres.
En este particular artículo, no quiero ahondar en por qué o cómo un gobierno debería tomar ventaja de datos públicos, más bien, quiero hacer un llamado a las autoridades competentes, puesto que lo que aquí está pasando es algo muy fuera de lo común, ¿cómo es posible que las personas implicadas en esto hayan utilizado sus computadoras personales para analizar información para el estado? ¿Se le consulto al MICIT o al colegio de informáticos sobre los mejores métodos para resguardar la información y el trabajo de esta unidad? ¿Por qué se manejó esto en un secretismo digno de película de espías?
Acá, además del tema político que conlleva el uso de datos confidenciales (esto aún está en investigación), enciende las alarmas sobre algo que la comunidad informática ha venido conversando desde hace años: el aparato estatal de Costa Rica tiene serias deficiencias en cuanto a políticas y estructura para el quehacer computacional. Este es el resultado de deficiencias y falta de controles en cuanto al tema en nuestras instituciones públicas. La Defensoría y la Fiscalía tienen que llegar hasta las últimas instancias para que de una vez por todas se actualice el tema informático en nuestra institucionalidad pública , ahorita mismo hay universidades, bancos y municipalidades trabajando con datos de todos los costarricenses, algunos con el pretexto de datos abiertos.
Lo anterior, tiene que ser investigado y nuevas leyes y políticas públicas tienen que salir de aquí para el beneficio de todos los costarricenses.
JOHAO LARIOS
johaolh@hotmail.com