Crisis, epidemia y pánico: el arte de lo posible
ARMANDO TORRES FAUAZ
Premisas: Nadie puede negar que la epidemia de Covid-19 es una realidad. Pero es válido y urgente poner en duda las medidas ejecutadas para su contención.
Para aquellos que estudiamos el poder (siempre en retrospectiva, en corta o larga duración) es evidente cuánto están afectadas por la irracionalidad la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas y su implementación. En ese sentido, es hoy obvio que el gobierno ha actuado ante la crisis del Covid como lo haría en una crisis de índole estrictamente económica. La imagen es un Mauricio Macri ante el precipicio. En Costa Rica, el mejor punto de comparación es el plan fiscal: Un sector convencido de que sus teorías de lo real son inexorables impone una serie de criterios técnicos como verdades absolutas, sobre cuya base el gobierno actúa de manera radical e inmediata imponiendo una serie de medidas de profundísimas implicaciones que -al buen estilo de la medicina alopática- atacan un problema a sabiendas de crear daños (a veces crónicos e irreparables) en otros elementos del mismo sistema. Dichas medidas parten de una visión profundamente restrictiva de lo social (y estrictísima de la salud), y taclean un problema muy específico sin un verdadero análisis de sus consecuencias generales a mediano y corto plazo en los dominios que escapan a su enfoque exclusivo.
Así pues, al igual que en el caso del plan fiscal, todo el Estado ha sido puesto a los pies de apocalípticos oráculos que aseguran la inminencia del desastre si no se actúa, en el detalle, de la manera en que dictan sus criterios técnicos. Esto sin considerar que la epidemia es obviamente un problema general, pero no es el único problema de esta índole, y ningún conjunto de criterios debidamente colegido permite ubicarlo con certeza en un peldaño de una posible escala de tales problemas. De suerte que, como fue el caso del plan fiscal, las presentes medidas, contrapuestas a la incertidumbre sobre su eficacia, prometen gravísimas consecuencias en lo inmediato, a mediano y largo plazo (1). Y se vislumbra que las consecuencias de las actuales medidas tendrán un alcance sin precedentes. El problema ya no será la ralentización de la economía, sino el hambre. Ya hoy en las regiones costeras la prohibición de acceso a la playa está impidiendo a los pescadores sacar las lanchas, no solo para cubrir sus necesidades alimentarias, sino las de una economía local fuertemente dependiente de ellos para comer. El sector comercio y restaurantes aduce haber perdido un 80% de sus ingresos regulares en los días que lleva el estado de emergencia, y se calcula el constreñimiento económico a un 0,5% del PIB semanal mientras duren las medidas.
Durante el plan fiscal, la batuta le fue entregada a los economistas neoliberales, en el presente, la batuta le ha sido dada a los médicos quienes, desde la emblemática figura de Moreno Cañas, gozan de una capacidad de convicción social sin parangón. Empero no saben nada (aunque crean lo contrario) de economía ni de tantos otros aspectos de lo social que están siendo gravemente comprometidos por sus disposiciones. ¿Dónde está, cabe preguntar, el estudio interministerial/ interinstitucional que permite afirmar con certeza que la balanza que pesa los beneficios y perjuicios de las presentes medidas se inclina positivamente por los primeros? Pregunta clave para quienes se dicen estar actuando “científicamente”. Lo cierto es q tal cosa no existe. El gobierno está actuando a tientas, anclado profundamente en la fe de que al final verá la luz del día, y ha solicitado a los ciudadanos que actúen también con base en un auto de fe: lo que Salud propone es el mejor camino y el gobierno sabe lo que hace. Sin ahondar demasiado en ello, la palestra incontrovertible del sector salud ha permitido que la población acate sin mayor problema esta exigencia. Se ha plegado —no solo sin resistencia sino—vehementemente a esta petición, cerrando idealmente el panóptico. Y cuando es menos sorpresivo este comportamiento en el ciudadano de a pie a quien bombardean constantemente con la parafernalia alarmista y pánica de los medios de comunicación, que promete la muerte inminente de todo aquel que salga a la calle o de sus familiares, es un tanto indignante ver la misma actitud en personas a quienes se les paga para pensar y que han hecho una carrera de mirar lo social en múltiples perspectivas. ¿Confiar en este gobierno? Parece que ha podido más el miedo primario que la reflexión. (Habrá también el compromiso cívico idealista de algún anticuario). Para cualquiera de ellos debería empero ser obvio que, al menos desde tiempos de Julio César y su predecesor Sila, el estado de excepción es determinante para asegurar la gobernabilidad orientada en un único sentido y contra toda potencial oposición. Y aunque el gobierno no haya actuado, en principio, de mala fe ante la epidemia (con lo que podemos apaciguar a quienes juegan con tanta ligereza la carta de la paranoia conspirativa), el acallamiento del escándalo UPAD, el nombramiento de la superintendente de pensiones y la lluvia de medidas propuestas por los sectores ultraliberales hacen evidente cómo se concreta ese principio en las presentes circunstancias.
Pero más allá de los reproches -aunque justos-, la pregunta principal es qué hacer. No hay respuesta simple, obviamente. El Gobierno de Costa Rica debe comenzar por mirar la realidad concreta de su sociedad, entender que no es Suiza ni Dinamarca (aunque lo pretenda) y entender que las medidas implementadas no pueden estar en desconexión con su materialidad más evidente. En ese sentido, convendría mirar a México, tan fácilmente criticado en su aproximación, empero el único gobierno que ha reconocido la precaria situación de su población y de sus condiciones laborales, que son mucho más cercanas a las nuestras que las suecas o las canadienses, y ha actuado cuidándose de no matar a su pueblo de hambre. En las presentes circunstancias, lo mínimo que se puede pedir al gobierno es que mantenga la fecha inicial de caducidad del estado de emergencia, y no se pliegue aún más a criterios tecnicistas y miopes que los médicos y afines exigen por varios canales y cuyas consecuencias reales no saben sopesar. En adelante es necesaria una batería de medidas realistas y aterrizadas en la realidad socioeconómica concreta de un país en profunda crisis y con una economía terciaria y totalmente dependiente. Ya lo presente es suficientemente grave en sus inmediatas consecuencias como para endilgarle una fase extendida que sumirá en el hambre a los trabajadores informales (46,5 % población ocupada) y a aquellos ligados al sector turismo (210 mil directos y 600 mil indirectos), ofreciendo medidas paliativas que consideran solo el porcentaje actual de desempleo y no el que se avecina (2). Esto sin considerar a los trabajadores independientes, los emprendedores, los profesionales liberales, etc. Hambre, además, que los neoliberales pretenden que financien los empleados públicos (14% de la población ocupada) y los jubilados (la población más vulnerable al virus), aminorando in extremo su capacidad económica y drenando así por completo el flujo de capital en el mercado interno mediante el consumo, que es la base de la salud económica en el capitalismo de fase tardía.
La única certeza con la que contamos en las presentes circunstancias es que las medidas implementadas prometen no una recesión, sino una situación de carencia extrema y prolongada de la que todos aquellos que se autoaislan (más o menos cómodamente en sus casas) pueden estar seguros que dará al traste con la paz social. Ya que Italia ha sido utilizado como un ejemplo constante para concientizar sobre la gravedad de la pandemia, urge ver las últimas noticias sobre el saqueo de supermercados y llamadas a la rebelión general en el sur. “Cuando un padre ve que sus hijos no pueden comer, mata”, decía mi abuelo. Y aunque no sepamos nada más, Hollywood no nos permite ignorar que primero viene el virus y después los zombies. Y estos no son sino la insurgencia vista desde los ojos de los privilegiados. Que no se nos olvide que el presente estado de cosas depende de una decisión política.
Notas
(1) El plan fiscal nos trajo una recesión económica, -94% de recaudación de un solo golpe; 6,98% de déficit al final del año, diferencia de -1,3% con respecto al crecimiento potencial, 12,4% de desempleo, 11,1% de subempleo y una subida en la desigualdad, para alcanzar el 0,508 Gini entre hogares.
(2) El número de 335 mil personas que recibirá 250 mil colones como medida paliativa del Ejecutivo corresponde al 13,4% de 2,49 millones, que es la población económicamente activa, lo que supera por 1% al porcentaje de desempleo que el INEC calculó para el último trimestre del 2019.
ARMANDO TORRES FAUAZ
@tf_armando