Crisis económica y minería
EMMA TRISTÁN
El 4 de agosto de este año, un artículo publicado en el periódico Financial Times anunciaba que el oro había alcanzado su mayor precio de la historia: $2000 por onza. De acuerdo con ese artículo, el precio de este metal había aumentado en un 32% desde marzo de este año, en buena medida debido a la incertidumbre asociada a la pandemia del coronavirus.
Además, el Financial Times anticipaba que el efecto de la pandemia y las tensiones entre Estados Unidos y China podrían incrementar el precio del oro hasta $3000 por onza, en los próximos 18 meses. A pesar de que este valor ha fluctuado en los últimos años, el precio de este metal no ha dejado de aumentar desde los años sesenta.
La fiebre del oro
Existen muchas fiebres del oro. Las más conocidas son las de California, Johannesburgo, Tierra de Fuego y Nuevo Gales del Sur. Los mineros enfebrecidos comparten un sueño: volverse ricos. Abundantemente ricos. Ojalá instantáneamente. Además de codicia, la fiebre del oro se caracteriza por el individualismo. No se trata de que todos ganemos, sino de ganar rápido y de llenar mis bolsillos.
En el contexto de la crisis económica que vivimos en Costa Rica, algunas personas han soñado que el oro es la solución a nuestra emergencia fiscal. Lo imaginan como el remedio inmediato e infalible. Vivimos una nueva fiebre del oro, aunque esta vez se presenta vestida con los colores de la bandera. Una fiebre del oro nacionalista.
En un artículo publicado el 9 de octubre de este año en el Periódico La Nación, el ingeniero Rolando Araya indica que él y un grupo de personas le presentarán a los diputados un proyecto de ley para echar mano de las reservas existentes en Crucitas. Según Araya, esto sería “más que suficiente para hacer innecesarios los impuestos y más endeudamiento”.
Ese artículo sugiere que el Estado pasaría a ser el dueño del oro de Crucitas y que alguien, que no se define en el texto, se encargaría de la extracción y el procesamiento del mineral. Es decir, que el Estado asumiría el riesgo de entrar en un negocio sobre el que no sabe nada, obviando que existen empresas que conocen del tema y gestionan los riesgos a través de sus carteras de inversión.
Incertidumbre
Araya afirma que Crucitas “cuenta con reservas probadas inscritas en la Bolsa en Estados Unidos por un millón de onzas de oro, y hay otro millón que se quedaron en proceso de inscripción.” Su texto no señala el origen de esa información. Podríamos suponer que se basa, parcialmente, en el Informe de factibilidad de la empresa Infinito Gold (2008), que sigue los requerimientos de la normativa canadiense.
Ese informe, que está disponible en Internet, habla de un millón de onzas de oro por concepto de reservas probables; no probadas. Eso significa que los estudios realizados hasta la fecha no permiten garantizar que se obtendrá un millón de onzas de oro en Crucitas. Además, ese informe no permite estimar reservas adicionales. Según Araya, esas reservas están en proceso de inscripción.
Finalmente, las reservas minerales de Crucitas se estimaron con base en el diseño de una mina que fue declarada ilegal por el Estado. Por lo tanto, no se puede asumir que esa es la cantidad de oro que se podría obtener hasta que exista un diseño de mina que cuente con una evaluación de impacto ambiental aprobada.
Evidentemente el artículo de Araya deja muchas preguntas por responder. En este momento tenemos más incertidumbre que oro en las manos.
Una discusión seria
El panorama alentador que ofrece el mercado internacional del oro exige entablar una discusión seria sobre la posibilidad de reactivar la minería metálica industrial en Costa Rica. Esto supone traer a la mesa de discusión a políticos, abogados, académicos, especialistas en minería y a ONGs especializadas en la materia, entre otros posibles interlocutores.
Esa discusión permitiría determinar los cambios necesarios en el Código de Minería. En cualquier caso, deberían garantizar que el Estado reciba suficientes ingresos, al tiempo que vele por la protección del ambiente y las personas. Además, es indispensable que esos cambios sean coherentes con los principios y objetivos de desarrollo sostenible a los que se ha adscrito nuestro país.
La discusión debería abordar, además, la enmarañada y controversial situación de Crucitas, que ha generado una imagen negativa alrededor de la minería. Recientemente se ha confirmado la presencia del crimen organizado que administra el oro de Crucitas. Además, aún no ha sido resuelta la demanda interpuesta por Infinito Gold ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjeros y el Estado (CIADI).
En un escenario optimista, diseñar un proyecto minero en Crucitas y obtener los permisos ambientales correspondientes puede tomar unos cinco años. En consecuencia, no es posible pensar que la minería es la solución a nuestros problemas inmediatos. Por otra parte, si hacemos las cosas de forma responsable, despacio y con buena letra, la minería podría aportar a la solución de nuestra crisis económica.
EMMA TRISTÁN
Geóloga