Consumidor financiero: ¿culpable o víctima?
El alto endeudamiento de las familias tiene algunos culpables. Un renombrado economista que se jacta de contar con, al menos, 30 años como gerente de alguna empresa financiera decía, hace pocas semanas, que el ingreso familiar de los costarricenses está comprometido en 60% para el pago de intereses y amortizaciones de la casa, el carro, y las tarjetas de crédito; pero sin contar otras deudas tales como aquellos créditos que la familia le debe a Gollo, a Gallo, a Instacredit, a Beto o a la Pulpería, cuando lo normal en el mundo es ver que las familias tengan una carga del 30 al 35% respecto al ingreso neto de cargas sociales e impuestos.
Según este análisis, significa, entonces, que la familias tienen una capacidad de consumo que no llega al 40% de los ingresos. ¿Sobreviven bajo estas condiciones?
La angustia económica de las familias, a menudo, ha provocado comentarios hirientes como la necesidad de ser responsable en el manejo de la tarjeta de crédito; que la tarjeta es un medio de pago; o que las personas deberían ser más “ordenadas” en su manejo del crédito para no sobre endeudarse. Pero esos comentarios ignoran las presiones a que se ve sometido el consumidor y nunca se manifiesta de manera clara, cómo es que se ha llegado a una situación que la mayoría percibe como angustiante y la actividad económica en franco deterioro. Algunas muestras son el cierre de locales (4 o 5 por día según un medio televisivo), la aparición de rótulos de “Se vende” o “Se alquila” en locales comerciales, fincas y viviendas, o la percepción generalizada de que “la plata no alcanza…”
A la crisis por el alto nivel de desempleo, se agrega la exclusión financiera de la mitad de la Población Económicamente Activa que ya está en procesos de cobro judicial o ha recibido una sentencia condenatoria, y que por el término de diez años ya no podrá acceder a nuevos créditos. Si bien la Constitución Política establece que en Costa Rica no hay penas perpetuas, el “Derecho al Olvido” solo opera diez años después y por tanto ese es el plazo que una persona puede estar manchada en su récord crediticio ante la SUGEF.
Llama la atención que de las personas que están siendo demandadas, apenas un 8 por ciento ni siquiera acuden a los Tribunales para defenderse. Seguramente porque se saben deudoras, no tienen capacidad para realizar un arreglo de pago y ni siquiera pueden acceder a un abogado porque no pueden pagar sus servicios. Sin embargo, el sector financiero, en esos casos, realiza las acciones más despiadadas, como cobrar tasas de interés de usura que llegan hasta casi veinte mil por ciento anual, penalizando así cualquier atraso en el pago, aun cuando la ley establece que los intereses moratorios deben guardar cierta proporcionalidad y solamente por los días de atraso en el principal de la deuda.
Bajo estas condiciones no es difícil encontrar personas realmente angustiadas, que pierden sus activos (propiedades, vehículos, entre otros) y la aparición de comportamientos sociales cada vez más frecuentes asociados a la violencia, depresión, adicciones y otras conductas preocupantes.
Un instrumento que frecuentemente se cita es la receta de brindar educación financiera, como si esa fuera la panacea, que no hace más que culpabilizar a las víctimas del endeudamiento a tasas de interés exorbitantes, para decir lo menos.
Se aconseja tener cuidado con el uso de la tarjeta, pero nunca se dice que el mejor lugar para tener la tarjeta de crédito es un rincón seguro de su casa y que el peor lugar es mantenerla en la billetera.
Se le dice al al consumidor que debe leer el contrato, pero no se le dice qué hacer frente a cláusulas abusivas, ni se divulga cuáles son sus derechos, ni siquiera cuando aparecen cargos no consentidos o tasas de interés desproporcionadas.
El país entero espera una definición de la tasa de usura, un accionar más consecuente por parte de la administración en control de abusos, difusión de derechos y de al menos una tabla o un cuadro que permita comparar las tasas de interés de las distintas tarjetas de crédito que tiene el mercado. Pero, también, espera la acción de la justicia para frenar tanto abuso cometido.
DANIEL VARTANIÁN ALARCÓN
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