Carta abierta a la junta directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación

Estimados/as señores/as,

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Interpretes y Ejecutantes (AIE Costa Rica), la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) y la Unión de Trabajadores de la Música, Artistas y Afines, las dos primeras entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual del sector de la música en nuestro país y, la tercera, organización social debidamente reconocida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que tiene como misión defender los derechos de las personas trabajadoras de las artes mediante acciones de representación gremial, previsión social y promoción cultural generando condiciones para una vida digna.

Por medio de la presente, quisiéramos externar nuestro malestar por la opinión expresada por ustedes, como principal órgano de gobierno del Colegio, en un comunicado divulgado en el programa “Panorama”, de la Cámara Nacional de Radio, del día 27 de febrero del año en curso. En dicho comunicado, el COLPER se solidariza con CANARA a partir de una serie de premisas que consideramos importante revisar, pues no hacerlo implica incurrir en un juicio incorrecto.

Para nosotros, como sector, la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de empresa son fundamentales. Sin ellos, no podríamos ejercer nuestra actividad. Sin embargo, junto a estos valores, existen otros como la riqueza y la diversidad cultural del país, así como el derecho al trabajo y el derecho recibir una justa remuneración por el mismo. Como una forma de reconocer esos derechos es que existen el derecho de autor y los derechos conexos, los cuales constituyen un tipo de propiedad especial: la propiedad intelectual.

El sistema democrático implica el reconocer y respetar los derechos de todos los sectores, y no sólo de unos. El derecho de autor y los derechos conexos están reconocidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por el país, en la Constitución Política y en la Ley desde hace décadas. Es decir, no son un invento creado por este Gobierno para cerrar medios de comunicación.

Estos derechos se reconocen por parte de los organismos de radiodifusión libre y gratuita en todo el mundo. Reconocer estos derechos no es sinónimo de cierre de medios. Tampoco es nuestra intención que lo sea. No reconocer estos derechos equivale a no permitir que un sector de la sociedad que hace un aporte importante dentro de la misma, que participa en una cadena de valor, reciba los beneficios que le corresponde por su aporte en esa cadena de valor.

Utilizar propiedad intelectual de otros con fines comerciales, como lo hacen los organismos de radiodifusión libre y gratuita, los cuales generan ingresos y beneficios económicos mediante la venta de pauta publicitaria a partir de los contenidos que ofrece -incluyendo la música-, sin retribuir justamente a los titulares de dicha propiedad, constituye un despojo que poco abona en la construcción de una sociedad democrática, en la que debe haber una redistribución de la riqueza entre todos los sectores que la generan. 

A partir de todo lo anterior y, en virtud de las afirmaciones que hacen en el comunicado que genera nuestra preocupación, es que quisiéramos preguntarles:

¿Por qué a un periodista sí tendría que retribuírsele económicamente por su trabajo y a un artista no? ¿Bajo qué lógica se considera esto justo? ¿No merecen ambos vivir dignamente de lo que hacen?

¿Por qué atentar contra derechos de propiedad de los cuales también son titulares los periodistas y comunicadores, quienes son generadores de contenidos que son comunicados al público de manera similar a las canciones que los artistas musicales crean e interpretan?

¿Bajo qué ética profesional el Colegio de Periodistas emite un criterio sobre un tema como el que nos ocupa, sin tener la delicadeza de indagar sobre la posición de una de las partes interesadas, cuyos derechos están siendo violentados al no estar siendo reconocidos, como lo es el caso de los derechos conexos? Sabemos que el comunicado expresa una opinión, pero antes de emitir esa opinión, ¿no hubiese sido prudente investigar un poco más sobre las diferentes aristas del tema sobre el que se opina?

¿Por qué afirmar que esto es un conflicto entre las radioemisoras nacionales y las multinacionales de la música, invisibilizando a los artistas musicales nacionales como titulares de los derechos que quieren desconocerse? Es cierto que las productoras fonográficas son titulares de derechos, pero en el país hay cientos de artistas que son los productores de sus propios discos.

¿Por qué interpelar al Gobierno de la República como si estuviera haciendo algo antojadizo cuando lo que está haciendo es atender a recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes de la República incluidas en un informe, el contenido en el OFICIO N° 14927-2011-DHR, generado a partir de una denuncia que, como titulares de derechos conexos, presentamos en 2010?

¿Estará enterada la Junta Directiva del Colegio del contenido de dicho informe de la Defensoría en el que se comprueba la forma espuria en que, durante la Administración Arias Sánchez, en 2009, el Estado costarricense presentó, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, reservas a tratados internacionales que el país había suscrito y ratificado desde 1971 en lo que tiene que ver con derechos conexos? ¿Recordarán quienes conforman esta Junta Directiva que dichas reservas se presentaron en medio de una campaña similar a la que actualmente está realizando CANARA?

¿Por qué en su comunicado no se hace la aclaración de que esta disputa se refiere al reconocimiento de derechos conexos y se habla de cobros abusivos en abstracto? ¿Por qué no se indica en este que los mismos pertenecen tanto a productores como a artistas, personas de carne y hueso que aspiran a vivir dignamente de su trabajo? Manejar la información de esta forma implica generar un clima que también afecta la gestión del derecho de autor que hace ACAM, gestión que de por sí ya enfrenta serias resistencias por parte de sectores de usuarios.

¿Sabrá la Junta Directiva del Colegio de Periodistas cuáles son los mecanismos existentes para fijar los montos que deben pagar las radioemisoras por las licencias para el uso de la música y cuáles son los mecanismos para resolver controversias cuando no haya acuerdo entre usuarios de la música y titulares de derechos? ¿Por qué hablan de cobros abusivos? ¿Qué es lo abusivo: el cobro en sí o el monto? ¿Por qué merecer que se nos pague por el uso de lo que nos pertenece tendría que ser un abuso?

Lo que sí es un abuso es tener el control de medios de comunicación aprovechando un bien demanial, que es de todas y todos los costarricenses, y hacer una campaña como la campaña a la que estamos siendo sometidos todos los días con el objetivo de generar un clima social de deslegitimación de nuestros derechos simplemente porque quienes tienen el control de esos medios no quieren reconocerlos plenamente. Tan importante es reconocer el derecho que tienen autores y compositores -reconocimiento que sí se ha venido dando, a pesar de que por años siempre enfrentamos serias resistencias por parte de sectores de usuarios- como el de quienes hacen posible que la obra cobre vida y pueda ser comunicada al público mediante la fijación en un fonograma, su reproducción y su distribución.

Lo más irónico de todo esto es que los mismos organismos de radiodifusión, al igual que los comunicadores, son titulares de derechos de propiedad intelectual por los contenidos que generan. Si alguien hiciera un uso no autorizado de sus emisiones, estamos seguros que apelarían a un sentido de justicia para que se les reconozcan sus derechos, tal y como lo estamos haciendo nosotros.

Es por eso que solicitamos, respetuosa pero vehementemente, rectificar su posición y, en lugar de acentuar el conflicto, abogar para que se establezca un clima de diálogo y negociación entre las partes, que es por lo que ha apostado el Poder Ejecutivo durante estos meses, entendiendo que el rol del Estado es mediar para que los conflictos de intereses se resuelvan de manera equilibrada, garantizando derechos y no violentándolos. Incluso, agradeceríamos que hicieran pública esa rectificación y que nos indicaran cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales se emitió el comunicado para nosotros valorar si es necesario proceder a solicitar derecho de respuesta.

Atentamente,

Esteban Monge Flores

Cédula 109370882

Presidente

Asociación de Intérpretes y Ejecutantes

AIE Costa Rica

Edín Solís Rodríguez

Cédula 203900684

Presidente

Asociación de Compositores y Autores Musicales

ACAM

Sergio Dávila Chaves

Cédula 105620642

Presidente

Unión de Trabajadores de la Música, Artistas y Afines

UTM