Altibajos de la reactivación
La primera semana de Junio de 2020 marca dos hechos positivos para los trabajadores y la población de menores ingresos, a pesar de las amenazas, como son el aumento en el número de personas contagiadas por el Covid-19 y un supuesto Pacto para el empleo, que la Uccaep presentó al presidente en el marco de la pandemia para preservar los privilegios del sector empresarial.
Repercusiones de la apertura económica en la salud pública
Se continuó con la disminución gradual de las restricciones a las actividades económicas, luego de un acuerdo con el sector de transportistas que faculta a los mismos a atravesar el territorio nacional y facilitar el tránsito de mercancías, sin comprobación del estado de salud de los conductores extranjeros. A los nacionales se les comprueba la presencia de síntomas y se les recomienda el aislamiento en algunos casos.
En semanas anteriores este tema había sido fuente de disputas con las autoridades de Nicaragua y Panamá, y a las presiones de los transportistas se agregó la intervención del Ministerio de Comercio Exterior que facilitó la llegada a un acuerdo para favorecer el comercio intrarregional, con el aval del Ministerio de Seguridad Pública y la intervención del Ministerio de Salud que sugirió un protocolo mínimo.
Como consecuencia de esa apertura y la mayor afluencia de personas cruzando las fronteras, especialmente en la zona norte del país, se incrementó significativamente la cantidad semanal de personas infectadas, con 172 casos del 31 de mayo al 6 de junio, cuando la semana anterior los casos nuevos fueron de 102 casos. Al mismo tiempo se impuso una mayor restricción vehicular y comercial en una decena de distritos pertenecientes a cantones fronterizos de la zona norte.
Entre las actividades que inciden en el crecimiento del número de infectados se encuentran el transporte, y el ingreso de trabajadores temporales para actividades agrícolas relacionadas con la producción de naranjas, piña y caña de azúcar, entre otras. La frontera de más de 300 km resulta difícil de controlar en todos sus puntos y en esto coincidimos con la preocupación del Ministerio de Seguridad, pero tampoco resulta alentador el tránsito ilegal, como fue revelado, de un camión con 46 trabajadores agrícolas que fue interceptado por las autoridades al momento de ingresar al país. La infraestructura de salud pública está aun lejos de verse colapsada pero preocupa el crecimiento semanal de personas contagiadas que aumenta significativamente el riesgo.
Aumento y congelamiento salarial
La incidencia de políticas de ajuste fiscal, que había dado lugar a la anulación del aumento salarial para todos los empleados públicos otorgado mediante el Decreto 42121 del 17 de diciembre del 2019, provocó que el Ministerio de Hacienda consultara a la Procuraduría General de la República sobre la forma en que debía realizarse esa anulación de incremento salarial, para atender con esos recursos los gastos relacionados con la pandemia.
A principios de la primera semana de Junio se conoció la respuesta de la entidad que opera como abogado del Estado, la cual determinó que por tratarse de un Decreto que dispuso un aumento de salarios, que revista la característica de “general”, esa disposición sólo podría derogarse mediante otro Decreto, pero el cual no podría ser retroactivo. Como consecuencia, el aumento salarial deberá ser pagado a los trabajadores y pensionados a partir del 1º de enero de 2020, y por tratarse de un monto fijo, no porcentual, de 7.500 colones en la base, obviamente tiene un impacto más significativo en los niveles salariales más bajos de la Administración Pública.
Sin embargo la complacencia de los trabajadores de la Administración fue rápidamente opacada por una nueva disposición gubernamental que congela futuros aumentos a partir de 2021, incluyendo ejercicios presupuestarios del gobierno que sucederá al actual en 2022 . De esta manera el gobierno cedió ante la presión de los grupos que sostienen que la reactivación puede lograrse comprimiendo la capacidad de consumo, que afecta con mayor intensidad a los de menores ingresos, en lugar de aplicar medidas contra cíclicas que privilegian la demanda agregada y el efecto multiplicador del gasto como instrumento dinamizador de la economía. La nueva medida, ampliamente difundida, no así el pronunciamiento de la PGR, representa un nuevo retroceso en la equidad que caracteriza el modelo económico costarricense.
Constitucionalidad de la ley de usura
Ante una consulta interpuesta por una minoría de diputados ante la Sala Constitucional, que consiguió atrasar la votación en segundo debate para la sanción de una ley que establezca un límite a la tasa de interés, se conoció el pronunciamiento de la Sala IV que determinó que no hay vicios de constitucionalidad en el proyecto de ley aprobado ya en primer debate.
Se espera que una vez recibido ese dictamen por parte del directorio legislativo, el presidente de la Asamblea podrá incluir en la orden del día el segundo debate y votación, para que la Ley de Usura forme parte del ordenamiento jurídico. De esta manera, la tasa máxima de interés aplicable será del 39% anual, pero ésta deberá incluir también los cargos asociados a cualquier crédito, tales como membresía anual, comisiones, seguros y otros. En casos de incumplimiento y cobro excesivo, conforme lo determina el Código Penal, los responsables de tales prácticas podrán sufrir una pena de 6 meses a dos años de prisión, pero por tratarse de afectación a consumidores según la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la pena podría duplicarse y las penas podrían llegar de 6 mesas a 4 años.
Aunque algunas voces hicieron notar que una tasa efectiva anual del 39% podría ser demasiado alta, el proyecto de ley contempla que esa tasa será revisada en los meses de julio y enero de cada año tomando en cuenta el promedio de tasas registrado en el semestre anterior. De tal manera, la tasa de usura se irá reduciendo, para alivio de la precaria situación en que se encuentra cerca de un millón de deudores que actualmente enfrentan procesos de cobro judicial.
Las presiones de la Uccaep
Al final de la primera semana de junio se conoció un documento que acaba de ser presentado por la Uccaep al presidente, con el ánimo de que se suspendan los mensajes de amenaza al sector privado, entre ellos el de levantar el secreto bancario, dejar de perseguir al empresario formal, ofrecer seguridad jurídica al régimen de zonas francas, y otras medidas que acentúan los privilegios del sector empresarial en detrimento de la producción, la equidad social y el Estado de Derecho.
A cambio, los empresarios encabezados por el presidente de esa unión gremial y sus economistas de apoyo, indican que se podrá reactivar la economía en diversos sectores productivos y se podrá aumentar el empleo, sin asumir ningún compromiso en cuanto a la calidad de los mismos, la seguridad de mantener la planilla del sector privado ante la emergencia mundial o frente a coyunturas excepcionales, y ni siquiera un mínimo de compromiso para mantener la inversión o acelerar el crecimiento de la productividad incorporando nuevas tecnologías que dignifiquen el trabajo.
En un documento de 41 páginas y 113 acciones que más bien parecen exigencias, se apunta a detener trámites de proyectos de ley que siguen el proceso democrático conforme a lo dispuesto en la Constitución; a imponer nuevas leyes en detrimento de garantías sociales; consolidar planes para desactivar al sector productivo estatal; crear nuevos privilegios fiscales y mantener los existentes; abandonar la protección ambiental aun a costa de permitir el ingreso no controlado de insumos y agroquímicos que podrían afectar el entorno natural y la salud pública, entre otras odiosas medidas que profundizan la falta de equidad.
En resumen, el documento de la Uccaep contradice el pedido de respeto y trato serio que su presidente reclama para las propuestas gremiales, anunciadas previamente en un evento que contó con la presencia del Presidente de la República.
DANIEL VARTANIÁN ALARCÓN
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