Pesca de Arrastre en Costa Rica: la depredación de los suelos marinos
RICARDO VALVERDE SÁNCHEZ
El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) estableció requisitos para la tramitación de licencias para la denominada “pesca de arrastre sostenible” en noviembre de 2017, en contravención a un fallo en firme de la sala constitucional del 7 de agosto de 2013 que prohíbe dicha práctica por sus severos impactos ambientales en detrimento de los bienes y recursos ambientales del estado. Aunado a lo anterior, el 27 de noviembre de 2019 se aprobó el proyecto de ley para restablecer la pesca de camarón con redes de arrastre en primer debate en la Asamblea Legislativa.
Esta controversial práctica en la industria camaronera, se caracteriza por sus elevados, y a menudo irreversibles, impactos sobre el lecho marino y comunidades bióticas asociadas. Su pequeño aporte al PIB nacional, la generación de pocos empleos y las repercusiones negativas a otras fuentes de empleo, ponen en entredicho la “sostenibilidad” de esta actividad tanto por su aporte a la economía nacional como por las externalidades que tendrán que ser asumidas por nuestros vulnerables ecosistemas marinos, comunidades costeras, y en última instancia, por el estado costarricense.
¿Es sostenible incentivar una práctica industrial que poco genera a la macro y microeconomía nacional “a cambio de” los profundos impactos a lo largo del litoral pacífico en desmedro del ambiente, los recursos naturales, los hábitats marinos y sus comunidades bióticas asociadas, y actividades socioeconómicas que se verían afectadas por esta práctica?
Este ensayo propone dar una perspectiva general sobre esta actividad.
En lo ambiental, la pesca de arrastre no está concebida para ser sostenible. Por sus características operacionales, el arrastre de las redes destruye ambientes y comunidades bióticas del lecho marino. La extracción de las distintas especies de camarón en nuestro litoral pacífico ya alcanzó el umbral de la sobreexplotación, tanto en las especies de camarones someras como aquellas de profundidades medias y altas. Sin desestimar las regulaciones establecidas en el uso de trasmallos y redes, -P.e. redes con dispositivos de salida para que la macrofauna (tortugas, delfines, etc.) pueda desprenderse de las mismas-, éstas no se encuentran debidamente reguladas y el desacato a estas pautas son frecuentes y reiteradas. Las redes de arrastre son dispositivos de gran envergadura que se anclan en el suelo marino, que por efecto embudo, atrapa todo a su paso. Cada operación de arrastre oscila entre 2 y 5 horas de barrido del fondo marino.
Desde 1996 los volúmenes de extracción de camarón han disminuido drásticamente como resultado del agotamiento de este recurso y de la cada vez menor capacidad de rehabilitación de entornos reiteradamente expuestos a la pesca de arrastre. Ésta actividad implica la desaparición de poblaciones de especies “pecuniariamente no rentables” denominadas “fauna de acompañamiento” que son descartadas. La cuantificación de esta biomasa y de las comunidades bióticas destruidas, incluyendo larvas y peces en estado no reproductivo, no está debidamente cuantificada ni en el tiempo ni en el espacio, aunque se estima que entre un 25% y un 70% de especies “no buscadas”, son atrapadas y destrozadas por las redes de arrastre: rayas, tiburones, cangrejos, tortugas marinas, peces en estado juvenil sin valor comercial, son capturados y devueltos sin vida al mar, junto con la destrucción de ambientes y hábitats del bentos (suelo marino), entre ellos, pastos marinos, corales, epifauna sésil y bancos de moluscos en aguas superficiales más allá de la capacidad resiliente del “sistema” para recuperar su condición previa a los eventos de pesca de arrastre.
Lo cierto, es que poblaciones enteras de reemplazo se pierden con la desaparición de especies en estado larval y juvenil, que al no alcanzar su etapa reproductiva, representa una pérdida irresarcible en detrimento de comunidades bióticas y de ecosistemas cuya tasa de recuperación de poblaciones y de regeneración de hábitats marinos es rebasada por las elevadas extracciones de las que son objeto. Según “A Global Assessment of Fisheries Bycatch and Discards”, en el mundo se descartan 7,3 millones de toneladas de especies marinas al año.
El proceso de arrastre genera otro grave impacto no tan fácilmente cuantificable: el dragado del suelo marino entierra organismos del bentos, con repercusiones en las cadenas tróficas difíciles de estimar en su gravedad. Adicionalmente, la sedimentación ocasionada en el proceso de barrido del fondo marino, ocasiona que los contaminantes desprendidos se mezclen con el plankton que a su vez propician “zonas muertas” por deficiencia de oxígeno. Estas operaciones de arrastre en los suelos marinos y ecosistemas asociados, es comparable con la tala de bosques y su posterior agricultura intensiva, despojando al suelo marino de nutrientes esenciales para sustentar las comunidades bióticas asociadas (1).
Conocido este diagnóstico, es preciso valorar el estado actual de las poblaciones de camarón para establecer las respectivas vedas, tanto para la explotación racional y sostenible del recurso, como para la determinación de la alteración de las cadenas tróficas en los ecosistemas marinos. Como política pesquera es necesario valorar y ejecutar métodos alternativos de pesca sostenible que cuantifiquen la sustentabilidad del recurso a largo plazo, y simultáneamente, la viabilidad económica para las comunidades pesqueras y el PIB nacional en el largo plazo.
En lo socioeconómico, la rentabilidad de esta actividad ha disminuido por varios motivos: las restricciones ambientales establecidas en el mercado por los elevados impactos asociados (2) a esta actividad sobre la microfauna bentónica y la macrofauna en niveles tróficos superiores antes citados (3); la cotización “a la baja” del kilo de camarón en el mercado internacional, y el subsidio estatal para el combustible requerido con precios ascendentes del petróleo. Estas particularidades han convertido a esta actividad en poco rentable a menos que se eleven las tasas de extracción del producto, con poblaciones cada vez más reducidas. Las demandas exponenciales del mercado no son compatibles con la tasa de producción natural del producto, razón por la cual, las poblaciones han sido diezmadas a niveles críticos. Una demanda que excede insosteniblemente la oferta: los camarones blancos, caracterizados por ser especies someras, han visto reducidas sus poblaciones a una quinta parte en los últimos 60 años. Especies de profundidad intermedias han visto sus poblaciones diezmadas de un 34% a un 22% en los últimos 30 años, mientras que las de mayores profundidades han sido reducidas en un 50% en el mismo lapso (4).
Esta actividad de elevado impacto, no se compensa con el aporte económico que brinda: representa solamente el 0,028% del PIB, con una generación estimada de empleos reducida en beneficio de las grandes flotas de camaroneros y en detrimento de los más de 15 mil pescadores artesanales cuya fuente de sustento se ve destruida por la extracción indiscriminada inherente a esta modalidad de captura.
Cabría preguntarse ¿qué grupos de presión han llevado a la institucionalidad del ejecutivo costarricense a actuar en desacato a lo dictaminado por la sala IV en su momento? No pocos miembros de la Junta Directiva de INCOPESCA están asociados al sector pesquero, en un claro conflicto de intereses donde el promotor de esta actividad funge simultáneamente como el supervisor encargado de velar por la sustentabilidad ambiental y viabilidad económica de esta actividad. Asimismo, este sector se beneficia de subsidios de combustible estimados en 10 mil millones de colones. ¿Con qué propósito el estado costarricense asigna subsidios multimillonarios a un sector en declive por los precios internacionales del camarón, con un aporte mínimo a la macroeconomía nacional y a la generación de empleos en zonas costeras “a cambio de” la desaparición de hábitats marinos? La relación “costo/beneficio” es una deuda pendiente que las autoridades del ramo deben responder para justificar el incentivo de una actividad altamente depredadora y contraria a los convenios internacionales firmados por el estado costarricense en materia ambiental, y más específicamente, aquellos relacionados con los efectos asociados con el Cambio Climático, el ascendente nivel del mar y la acidificación de los océanos de los que éstos ecosistemas son altamente vulnerables.
Laursen, L. (2012).Fish trawling reshapes deep-sea canyons. Nature International weekly journal of science.
En Venezuela e Indonesia se prohibió la pesca de arrastre, y en su lugar, se ha incentivado la pesca artesanal, mientras que en Italia, EEUU, Nueva Zelanda, Escocia y Australia, ha sido rigurosamente restringida en amplios sectores de sus costas.
EEUU, otrora principal comprador del camarón costarricense, descontinuó indefinidamente sus compras al constatar la ausencia en el uso y reglamentación de “dispositivos de escape” para tortugas marinas, -una de las especies de macrofauna marina más impactadas-, de las redes de captura empleadas en el sector industrial camaronero en nuestro país (Marviva, 2009).
Marviva, 2009
RICARDO VALVERDE SÁNCHEZ
Biólogo