Papeles de Panamá en olvido
JORGE LUIS ARAYA
Algunos cándidos guardábamos esperanzas creyendo que el quemante informe de la comisión legislativa que investigó las revelaciones de los Papeles de Panamá tocaría conciencias en Cuesta de Moras y haría moverse a los diputados y diputadas para cerrar portillos a la escandalosa evasión y elusión fiscal en el país.
Pero la realidad es que el documento de la comisión – integrada por nueve diputadas y un diputado de diversos partidos – lleva tres años y medio tapadito en las gavetas de la Asamblea Legislativa, sin que se haya discutido ni votado por el plenario como, contrario a lo esperado tratándose de un asunto de la mayor importancia nacional, visto el enorme robo que se le está haciendo al fisco casi en la total impunidad.
“El documento recomienda la aprobación de varios proyectos de ley para combatir los mecanismos de evasión y elusión que utilizan sectores de la élite económica. Es hora de desempolvarlo y discutir las propuestas”, reclamó estos días en Facebook el diputado José María Villalta.
El legislador de oposición ha sido una rara voz, casi única, que ha mantenido el foco sobre el documento, cuya aprobación daría impulso a las reformas que se están necesitando.
La comisión de los Papeles de Panamá se constituyó y trabajó a partir del impacto causado en abril de 2016 por la investigación periodística en torno a la filtración de documentos confidenciales de la oficina de abogados Mozzack Fonseca de Panamá.
El propósito de la comisión era “identificar mecanismos o prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos, así como deficiencias, vacíos y omisiones que pueda tener la legislación costarricense para la adecuada fiscalización y recaudación”, según se lee en la justificación del informe, publicado el 30 de marzo de 2017 (expediente N° 19.973).
La investigación que la prensa internacional denominó los “Panama Papers” consistió en una masiva filtración de documentos del Bufete Mozzack Fonseca, donde se revela cómo gente acaudalada del planeta, en cuenta Costa Rica, utiliza los paraísos fiscales existentes para mantener su riqueza fuera del radar de las autoridades tributarias.
Las revelaciones evidenciaron el ocultamiento de empresas, propiedades, activos, ganancias, evasión y elusión tributaria junto con otras actividades conexas por parte de personas políticamente expuestas, expertos en Derecho, finanzas, negocios, deportes y arte.
Y es que existen unos $32 billones en estas jurisdicciones “offshore”, estructuras creadas para no pagar impuestos. Los gobiernos pierden $3 billones cada año en evasiones fiscales, y la mayoría de los perpetradores han gozado de inmunidad, según datos aportados por Alfred de Zayas, experto de Naciones Unidas.
Es necesario tomar acciones concertadas en contra de los abusos y crímenes perpetrados por individuos, especuladores, fondos de alto riesgo y empresas transnacionales que evitan los impuestos y saquean a los gobiernos, destacó.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región el 10% más rico posee el 71% de la riqueza y tributa sólo el 5,4 % de la renta.
La evasión de impuestos sobre la renta personal, corporativa y del impuesto al valor agregado (IVA), le cuesta a América Latina y el Caribe más de $320.000 millones al año, es decir 6,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica, señala la agencia de Naciones Unidas para la región.
En Costa Rica la proporción es aún mayor que la media regional, según análisis de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, confirmadas por el anterior titular de esa cartera Rodrigo Chávez, quien calcula la evasión entre $3500 y $5000 millones.
La comisión legislativa destacó que es conocido el alto incumplimiento que existe en el pago de los impuestos en el país, siendo que la evasión y elusión fiscal se estiman en un 7,75% del PIB. Por otro lado, amplias exoneraciones de impuestos otorgadas a través del tiempo se estiman en un 6% del PIB.
A ello se suma la desgravación arancelaria que se ha llevado a cabo los últimos 20 años en el país, sin establecer una compensación de los recursos que se dejaron de percibir por aquellos impuestos que se obtenían con el cobro de aranceles.
Los documentos de Mossack Fonseca, publicados en su momento por el Semanario Universidad (UCR) y el medio digital Amelia Rueda, levantaron chingos a empresarios, políticos, bufetes y banqueros involucrados en el uso de paraísos fiscales para el establecimiento de estructuras que pueden facilitar la evasión y elusión tributaria.
La filtración dio acceso a 74.958 documentos relacionados con Costa Rica, donde se desnuda el enorme esfuerzo, legal, económico, intelectual y logístico que realizaron empresas y personas para transferir su capital al extranjero, con el fin de aprovechar ventajas fiscales domésticas y sortear al máximo el pago de impuestos en territorio costarricense.
La investigación ubicó a más de 130 personas con relevancia en la vida pública o privada del país, 37 de las cuales ocuparon cargos públicos, relacionadas con operaciones del Bufete Mozzack Fonseca y otras empresas internacionales dedicadas a la creación de esquemas evasión de impuestos y lavado de dinero.
Del total de personas vinculadas a Mossack Fonseca, nombradas por las publicaciones de prensa, sobresalían una serie de individuos que se desempeñaron anteriormente o se desempeñaban en cargos públicos al momento de la publicación, incluidos 2 vicepresidentes de la República, 4 ministras y 10 ministros, 1 diputada y 3 diputados, 2 viceministros y 1 director de tributación directa, 3 presidentes o directores de instituciones públicas y un cónsul. Además, se contabilizaron 10 personas que desempeñaban cargos relevantes en bancos, ya fuese como parte de su junta directiva o en puestos de gerencia.
Un 23% del total de personas citadas estaban asociadas directamente a partidos políticos, de las cuales 20 personas vinculadas al Partido Liberación Nacional (PLN), constituyendo un 64,5%; 8 personas al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 2 al Movimiento Libertario, una de ellas el entonces diputado Otto Guevara, y se identificó una persona asociada al Partido Acción Ciudadana, el entonces canciller de la República, Manuel González, quien también fue Ministro de Comercio Exterior en el gobierno del PUSC de Abel Pacheco, y miembro del bufete de abogados Facio y Cañas.
La investigación identificó 121 sociedades “offshore” en jurisdicciones como Panamá (34), Islas Vírgenes Británicas (12), Bahamas (6) y otras (14). Además, 3 fideicomisos y una Fundación de Interés Privado.
Un total de 62 de estas entidades offshore aparecen allí intermediadas por Alberto Raven Odio, quien en esos días era directivo del Banco de Costa Rica.
En Costa Rica se identificaron 93 sociedades anónimas o empresas vinculadas a los papeles de Panamá, de las cuales en 43 tenían como agente residente a Pablo Gazel Pacheco.
Los Papeles de Panamá revelaron, por ejemplo, que en el 2000, Gibraltar Holdings Inc., una firma creada por Mozzack Fonseca, tenía como directores a Emilio y Mauricio Bruce Jiménez, Robert Woodbridge y Alfredo Ortuño Víctory, para distribuir los dividendos del Banco Improsa entre sus accionistas, a través de un fideicomiso que no era obligatorio registrar, y por el cual no se pagaban impuesto si no desarrollaba actividades comerciales dentro de Panamá.
Como directivos de la empresa a la que pertenecía el fideicomiso aparecen allí connotadas figuras del mundo empresarial tico, como Alfredo Ortuño Víctory, Jorge Monge Agüero, Robert Woodbridge Alvarado y Walter Esquivel Sotela, que han formado parte de Improsa.
La investigación legislativa concluye, tras las audiencias realizadas y del material investigado por la comisión, que en el área de asesoramiento en contaduría y auditorías, cuatro firmas dominan el mercado internacional y nacional en relación con el uso de paraísos fiscales. Se trata de PricewaterCoopers, Deloitte, EY y KPMG, las cuatro con presencia en el país.
La mayoría de 58 usuarios de paraísos fiscales identificados pasan por la asesoría de estas y un puñado de otras firmas, lo que arroja luz sobre la importancia de regular parte de las actividades de estas empresas, señala el informe.
El objetivo de lograr justicia tributaria exige la aprobación de proyectos puntuales para combatir el incumplimiento tributario que deja un drenaje multimillonarios en las finanzas públicas, subrayó el panel de diputados, que recomendó la aprobación de los 16 proyectos ya mencionados, tras describir una serie de vacíos legales existentes.
La comisión determinó 23 temas sobre los cuales es necesario desarrollar iniciativas de ley nuevas o adecuar la legislación existente, para cubrir los vacíos legales que facilitan la elusión y evasión fiscal.
Entre las iniciativas se incluyen reformas al Código Tributario y el Código de Comercio, convenios de doble imposición e intercambio de información, mejoramiento de la infraestructura aduanera, código de ética y responsabilidad de profesionales, supervisión consolidada de entidades financieras, secreto bancario, beneficiarios finales de sociedades anónimas, cláusulas anti-elusivas, uso elusivo de exoneración de impuestos, impuesto sobre la renta, renta mundial y fideicomisos, entre otros.
MECANISMOS
La comisión identificó una lista de mecanismos que se prestan para la evasión y elusión de impuestos en el país, como simulación de préstamos, creación de sociedades fantasma para el uso de exoneración del impuesto sobre dividendos para defraudar, manipulación en precios de transferencia entre empresas, venta y alquiler simulado de activos intangibles como una marca entre sociedades que son propiedad de idénticos beneficiarios finales, lo que permite aumentar fraudulentamente los gastos deducibles, para reducir así el monto a pagar por impuesto sobre la renta.
Entre los hallazgos se señala la existencia de una veintena de vacíos legales en áreas como la renta territorial, el uso de sociedades “offshore” para eludir o evadir el pago de tributos, opacidad y frágil regulación de personerías jurídicas y fideicomisos, exoneración del Impuesto sobre la renta disponible entre sociedades costarricenses, falta de regulación de los aportes extraordinarios de capital, carencia de un impuesto a las ganancias de capital, débil régimen de sanciones y supervisión de asesores fiscales, limitaciones en definición de tipo penal del delito de legitimación de capitales.
Asimismo, falta de regulación de precios de transferencia, debilidades en la definición del delito de defraudación fiscal, falta de regulación de las entidades financieras sin fines de lucro, transparencia y acuerdos de intercambio de información, carencia de normas de subcapitalización que sancionen los endeudamientos ficticios, falta de una cláusula anti-elusiva general, falta de normas anti paraíso fiscal, legislación insuficiente para normar el riesgo de evasión o elusión por parte de personajes públicos o políticamente expuestos, entre otros.
Es decir, lo que aquí se revela es un desastre de deficiencia y abandono, podríamos concluir tras leer este informe.
PROPUESTAS
Entre las medidas que propone el informe para llenar los vacíos se incluyen proyectos que ya estaban presentados en el Legislativo, como la ley de impuesto sobre la renta y el levantamiento del velo de la personalidad jurídica, más ocho proyectos nuevos para la regulación de las personas jurídicas no inscritas ante la Administración Tributaria, ya que se encontró una ausencia total de regulación tributaria sobre la abrumadora mayoría de las personas jurídicas existentes en Costa Rica.
En la actualidad, de las 620.879 mil personas jurídicas inscritas en Costas Rica, más de 489.000 no están inscritas ante la Administración Tributaria, pues existe la posibilidad de que una estructura jurídica exista sin poseer una actividad económica
También propusieron una cláusula anti-elusiva general, considerando que el argumento más repetido por parte de los defensores del uso de prácticas elusivas es el referido a la legalidad de esas prácticas.
Incluyeron además proyectos para prohibir a altos cargos públicos realizar actividades comerciales en paraísos fiscales, así como legislar sobre la retención de impuesto sobre remesas, reforma al Código de Comercio para que se protocolicen aportes extraordinarios de capital, bancarización obligatoria de todas las transacciones de bienes inscritas ante Registro Público, y reforma a la sanción a asesores tributarios que aconsejan mecanismos de defraudación fiscal.
Además de posibles reformas a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, incluir una norma que establezca la facultad del Poder Ejecutivo de fijar normativa técnica sobre precios de transferencia, incluir una norma de subcapitalización, mediante el establecimiento de un monto máximo a deducir por concepto de intereses, y adicionar una norma anti-paraíso fiscal, junto con otras iniciativas de ley.
JORGE LUIS ARAYA
Periodista