Pandemia y empatía: una respuesta contra-neoliberal al “sacrificio privado”

DAVID DÍAZ y LUIS MORA RODRÍGUEZ

Desde hace varios días estamos en estado de emergencia nacional debido a la amenaza provocada por la pandemia de COVID-19. Afortunadamente, estamos en buenas manos gracias a la vocación, dedicación y entrega del personal de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), incluyendo a su personal de aseo y limpieza, como al liderazgo de otras instituciones estatales que han mostrado su valía en este difícil trance, incluyendo al Instituto Costarricense de Electricidad y al Instituto Nacional de Seguros. 

Por su parte, el Magisterio Nacional envió a sus profesores y maestros a casa, pero con la idea de que se mantengan en comunicación con todos sus estudiantes, les planteen trabajo a distancia y les despejen dudas utilizando todos los medios posibles. Es el mismo marco en que supermercados y servicios privados se encuentran abiertos gracias a que están integrados por trabajadores que laboran día a día como cajeros, limpiadores, acomodadores, etc. con una baja paga, pero con carisma. Ellos y ellas son la primera línea de fuego contra el COVID-19.

Este cuadro de dedicación contrasta enormemente con la forma en que los empleados públicos fueron catalogados por grandes medios de prensa hace unos pocos meses, en el contexto de aprobación del llamado paquete fiscal. También va en contra de la forma en que diversos economistas y pensadores neoliberales (término que ahora no les agrada) hablaron de esos trabajadores y sus funciones. Hoy ha quedado claro, como en el pasado, que en momentos de crisis sociales severas, la institucionalidad del estado de bienestar costarricense sigue siendo una diferencia radical para el bien de nuestro país. Así, la inversión en esa institucionalidad y sus trabajadores debe fortificarse, de forma que sean un escudo hoy, como lo fueron ayer y lo serán el futuro, contra pandemias de diverso tipo.

Pero no todos parecen estar de acuerdo con esto. El pasado 20 de marzo, destacados economistas publicaron un artículo colegiado en la sección foro del periódico La Nación que titularon “Si hay patadas, hay pa’todos”. Este título, nada original pues algunos economistas y críticos del estado de bienestar costarricense lo han utilizado reiteradamente en los últimos 30 años, se complementó con una entrevista al economista Eli Feinzaig en el diario digital CRHoy, donde repite las ideas del artículo que él también firmó.    

En el artículo de La Nación, los destacados columnistas pegan el grito al cielo denunciando un supuesto desbalance en la participación en este gran sacrificio nacional. Y el título no deja lugar a dudas, se trata de "patadas" que amenazan con dar, si no se cumplen sus deseos y designios. Piden reducción de gastos del Estado y que dichos "recortes" sean trasladados al sector privado, el que genera la mayor cantidad de empleo. Piden una reducción de las cargas sociales o, aún mejor, su desaparición. Demandan el cierre temporal de instituciones "que no satisfagan un fin social" como el INAMU, por ejemplo. 

El modelo a seguir, en este caso, como en el pasado, es el de Estados Unidos, donde se opera un "cierre técnico" cuando la Cámara de Representantes no aprueba el presupuesto del Ejecutivo. Sin desempleo, dicen ellos, pero sin salario. Exigen además la reducción de tarifas de generación eléctrica, así como la disminución de las cuotas de la Caja. En resumen, el artículo detalla el ideario que sus autores vienen exigiendo desde hace más de 30 años. Es el mismo programa y la misma agenda que presentó don Thelmo Vargas como Ministro de Hacienda en 1990, cuando hablaba de una reducción tajante del Estado y la venta de varias de sus instituciones más representativas.  

Sin embargo, pensamos que el artículo de los economistas de marras tiene una serie de vacíos analíticos y, claro está, una falta de empatía social, como recientemente lo señaló Óscar Aguilar Bulgarelli. 

Así, los autores plantean "clausurar" temporalmente el Estado y disminuir los salarios bajo pretexto de que muchos empleados públicos han sido enviados a sus casas a “vaguear”. Particular énfasis hacen con respecto a los profesores universitarios y a los maestros, negando, en ese sentido, el trabajo remoto que se encuentran haciendo esos profesionales y la forma en que se tienen que apañar con innovar, en vista de la emergencia, en sus formas de organizar e impartir lecciones. Además, parecen dejar de lado que muchos profesores siguen investigando aunque las universidades estén cerradas, gracias a la cantidad impresionante de recursos en línea que existen, como, por mencionar un ejemplo, el sitio electrónico del Sistema Nacional de Bibliotecas: un tesoro en línea, lleno de joyas para historiadores, filólogos, lingüistas, filósofos, especialistas en estudios culturales, economistas y otros.

Lo otro que nos parece importante mencionar, es que el análisis se queda corto, pues también las escuelas y colegios privados han sido cerrados y los padres y madres de esos muchachos deben dedicar más tiempo a ayudarlos con las tareas que involucran las lecciones virtuales y estar con ellos para evitar que salgan. Por otro lado, muchas mujeres trabajadoras deben combinar su teletrabajo con el cuido de adultos mayores, ahora con más precaución, para evitar el contagio. Así, en espacios hogareños tenemos al mismo tiempo empleados públicos haciendo teletrabajo y niños y jóvenes en cursos virtuales y adultos mayores con más necesidades en su cuidado. Ellos y ellas están asumiendo así el reto que la necesaria emergencia nacional les demanda. ¿Por qué no se les reconoce eso?

Tampoco se analiza el papel fundamental que tendrán esos empleados para recuperar al país de la recesión en que lo dejará la pandemia de COVID-19, tanto en términos de la demanda de bienes y servicios internos que ayudarán a dinamizar la economía nacional, como en el pago de sus cuotas de seguro social, sus préstamos a los bancos y el consumo local. ¿Por qué se sigue sin tomar en cuenta el papel de esos empleados en el consumo nacional y en el sostenimiento del Estado mismo?

¿Solo está sacrificándose el sector privado en esta coyuntura? Es un error pensarlo así y reproducir la misma idea neoliberal que presenta siempre a los trabajadores públicos como vagos y llenos de “gollerías”, mientras el sector privado es el único que genera riqueza en el país. Pero, realmente, los mayores beneficiados con las reformas de los últimos 30 años han sido los grandes empresarios nacionales y fueron ellos también quienes se privilegiaron con la pasada reforma fiscal que, básicamente, se ensañó con los asalariados y los pequeños empresarios. Recientemente, en medio de esta emergencia nacional, hemos visto cómo se disminuye un porcentaje de sus pagos patronales a la CCSS, se les agilizan espacios para negociar créditos y se les da potestad para reducir el salario de su personal por tres meses, con renovación de dos periodos iguales más, si fuese necesario. ¿Quiénes tienen esos privilegios? 

Nos parece increíble, o al menos surrealista, que en medio de una pandemia mundial y de una crisis que amenaza el sistema de salud y las economías nacionales, los sectores más beneficiados con la evolución del modelo económico costarricense piensen en aprovechar para darle la estocada final al Estado. ¿No es acaso el MEP el que está enviando 850000 paquetes de alimentos a estudiantes que los necesitan? ¿No es acaso la Caja Costarricense del Seguro Social la que atiende esta emergencia, mientras los operadores privados de la salud brillan por su ausencia? Solidaridad sería, por ejemplo, reducir significativamente las tasas de usura y no defender el empobrecimiento generalizado por las deudas. Solidaridad sería, por ejemplo, demandar la repatriación de los capitales de origen costarricense protegidos en paraísos fiscales.

El análisis del artículo publicado en La Nación es, además, erróneo en términos político-económicos y no refleja la forma en que otros países del mundo occidental están enfrentando la crisis económica generada por la pandemia. La contracción de la oferta y la amenaza de recesión puso a las más importantes instituciones económicas a actuar en contra de sus discursos y dogmas. El BCE inyectó 750000 millones en la zona euro para apoyar a los Estados en sus programas de estímulo. La Comisión Europea activó, ni más ni menos, la "cláusula de escape general", que permite a los países aumentar los montos de gasto público para enfrentar la crisis humana y social que el coronavirus ha provocado. Se trata de un paradigma que estaba inscrito en los pactos de la Unión y que obligaba a los países miembros a contener sus gastos, por debajo del 60% de deuda pública y 3% de déficit. Una especie de "regla fiscal" a nivel europeo que ahora vuela en pedazos. 

En tiempos de unión nacional desentona esta exigencia de “sacrificio” por parte del Estado, cuando todo indica que es alrededor de éste que se estructura la respuesta política y económica frente al COVID-19. Aprovechar estos momentos de incertidumbre y de zozobra generalizada, para avanzar una agenda de destrucción del empleo y de las instituciones públicas, pero también, para atizar la oposición entre trabajadores privados y públicos no es decente. El manoseo de la "solidaridad" en tiempos de crisis revela, sin duda, una ausencia de empatía que muchos recordarán cuando todo esto termine. 

DAVID DÍAZ

LUIS MORA RODRÍGUEZ

Los autores son profesores en la Universidad de Costa Rica