Ni pesos a peseta

El 16 de setiembre anterior se exhibió el Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre Endeudamientos no registrados del Sector Público no Financiero (Informe n° DFOE-SAF-IF-00007-2019), emitido por la Contraloría General de la República, cuya catálisis es, en parte, una sentencia harto más sencilla: el financiamiento de gastos corrientes con deuda.

Bajo esa premisa y aunado al propósito de cuantificar posibles endeudamientos no registrados en el Sector Público No Financiero (SPNF), la auditoría realizó una exploración de sus respectivas cifras aportadas por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, arrojando como resultado varios escenarios de análisis relevantes para el entorno social y para la determinación de la verdadera profundidad de las debilidades coyunturales.

En el informe se menciona que existe “incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo del endeudamiento público (…) reportado por la Dirección de Crédito Público (DCP). Esto incluye endeudamientos no registrados por al menos ¢129.656 millones”, así como “posibles endeudamientos no registrados de ¢120.659 millones de fideicomisos reportados por tres instituciones públicas no incluidos en la información reportada por la DCP” lo cual representa un gran total de 440.603 millones de colones o un 1.27% del PIB.

Tales diferencias, aduce el Ministerio de Hacienda (según se muestra en el DFOE-SAF-0600), radican en una cuestión de mera forma, a propósito de la contabilización de ciertas operaciones; sin embargo cuando se trata de finanzas públicas, intervienen dos consideraciones mucho más relevantes: la primera es la moralidad de la diferencia misma y la segunda, en perspectiva-país, trata sobre las implicaciones para el crecimiento y para la sanidad de las finanzas soberanas. Comienzo por lo segundo.

El endeudamiento ha tenido un franco crecimiento por un período de poco más de una década, por ejemplo (y para al SPNF) para el año 2008 éste era de 38,4% y ya para el año anterior, alcanzaba un 70,6% del PIB [1] .

De acuerdo con la información de la Dirección de Crédito Público (DCP) el monto total de endeudamiento del Sector Público No Financiero (no consolidado) al 31 de diciembre de 2018 es de cerca de 22 billones de colones, de los cuales un 76% corresponde a endeudamiento interno, compuesto principalmente por el saldo de los títulos valores de deuda interna emitidos por el Ministerio de Hacienda (MDEH), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), así como préstamos internos.

Y el otro 24% corresponde a endeudamiento externo, conformado principalmente por las colocaciones de títulos valores de deuda externa (eurobonos) del MDEH y del ICE, así como de los préstamos con organismos internacionales.

Aún así estos datos reportados por la DCP podrían encontrarse infravalorados, es decir, la profundidad del endeudamiento puede hasta ser más amplia dado que tales valoraciones y su respectiva contabilización no se realizaron aplicando base-devengado, la cual (y cito expresamente el informe de la Contraloría) “ofrece una mejor estimación del impacto macroeconómico de la política fiscal del gobierno y brinda la información más completa (…). Además, (…) permite mayor calidad, fiabilidad, integridad y comparabilidad de las cifras totales para fines estadísticos del endeudamiento”.

Así las cosas, con el ajuste del cálculo realizado por la Contraloría basado en una muestra de 63 instituciones de un total de 287 que conforma el SPNF; se determinó que al menos 15 instituciones presentan diferencia entre la información remitida por la institución y la proporcionada por el DCP: en endeudamiento interno la DCP reporta de menos ¢8.128.351.137.

Además es incierto el endeudamiento que reportó la DCP de 26 instituciones con bancos del Sector Público, debido a que la CGR solicitó información al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, al Banco Nacional de Costa Rica y al Banco de Costa Rica, del financiamiento otorgado a instituciones del sector público con saldo vigente al 31 de diciembre de 2018, determinando que en la comparación entre ambas fuentes de información, la DCP tiene registrado un monto mayor a lo reportado por los bancos, lo que genera una diferencia de ¢10.107.160.872.

Pero estas hipótesis nos llevan a la primera consideración: la moralidad. Desestimar alegando diferencias retóricas y formales en la contabilidad, no es sino una directa amenaza a la legitimidad de la institucionalidad pública, sobre todo considerando que éstas diferencias provienen del Ministerio de Hacienda, institución abanderada de la más reciente reforma fiscal, que ha argüido como corolario transversal el rigor presupuestario, la racionalización y contención del gasto.

La transparencia y calidad de la información estadística es fundamental en una democracia, tanto para el escrutinio público y la congruencia discursiva, como para la toma de decisiones económicas. Además es sin disimulo un instrumento de manejo político, el endeudamiento es más amplio de lo que nos dicen que es y tiene sentido que así se haya relatado si las pretensiones eran la colocación de más deuda y la promoción de un virulento y regresivo plan fiscal.

Suscribo lo que Cristina Arellano y Narayana R. Kocherlakota del National Bureau of Economic Research (en la misma línea de la literatura relevante), analizando la información empírica de cerca de veinte países en vías de desarrollo, concluyen: que la deuda soberana está estrechamente relacionada y se hace acompañar no en pocas ocasiones de un altísimo riesgo de default; existe una fuerte correlación entre el riesgo por excesivo endeudamiento y la ocurrencia de eventos de moratoria, es decir que las hipótesis de cese de pagos domésticos son causa de los defaults soberanos. En el punto más crispado del endeudamiento, la presión fiscal tiende a consolidar escenarios de impagos externos.

Asimismo el endeudamiento mantiene tácitamente una relación inversamente proporcional entre sí y la apetencia de, por ejemplo, títulos de deuda colocados en el exterior; el riesgo-país aumenta y se profundiza la coyuntura primaria de estancamiento. Es difícil determinar si el costo político y de legitimidad es superior al costo económico de la infravaloración (o viceversa) y las consecuencias para la institucionalidad democrática. Lo único cierto es que al Gobierno ya no le compramos ni pesos a peseta.

[1] Similarmente ocurrió con el caso del endeudamiento del Gobierno Central, el cual pasó del 24,1% del PIB (año 2008) al 53,6% del PIB, para el año 2018.

Luis Carlos Olivares

luigyom@hotmail.com