La Universidad de Costa Rica y la crónica de una vergüenza anunciada

Durante un año fui integrante de la Comisión Instructora Institucional (CII). Por asuntos administrativos cuya discusión no es de interés para esta columna, decidí renunciar. Pero aprendí mucho y también sugerí, en varias ocasiones, que el régimen disciplinario de la UCR debía ser estudiado y reformado y que ciertos problemas de la cultura universitaria debían ser puestos sobre la mesa para ser analizados y debatidos, con el objetivo de construir soluciones, antes de que fuese muy tarde. Bueno, parece ser que ya se hizo tarde. El daño ya está hecho y es enorme.

En la entrevista que me realizaron en el Consejo Universitario, me preguntaron acerca de mis razones para postularme a ese cargo. Les dije que quería participar en esa comisión porque me parecía vital fortalecer el trabajo de auto-regulación y rendición de cuentas de la comunidad universitaria; y la Comisión Instructora Institucional es uno de los órganos fundamentales de ese sistema de auto-regulación.

Sigo creyendo, hoy más que en aquel momento, que sin un buen sistema interno de administración de justicia y de rendición de cuentas, la Universidad terminará carcomida por la negligencia, la irresponsabilidad y la corrupción de unos pocos, pero tolerada por muchos. Así pasa en cualquier organización, pero más aún en una tan grande y compleja como la UCR. Tristemente, la conclusión a la que llegué después de un año en la CII es que la comunidad universitaria 1) no está educada ni sensibilizada para comprender la importancia vital de las normas disciplinarias en una institución pública; 2) cuando una persona está ocupando un puesto de dirección (de una unidad académica o administrativa), lo usual es que siente resistencia a identificar y reconocer las faltas del personal a su cargo, y a abrir los procedimientos necesarios para aplicar la sanción respectiva (porque temen perder amigos y ganar enemigos); y 3) existe una marcada tendencia a usar los reglamentos disciplinarios (tanto los que aplican al personal docente como los del personal administrativo) como herramienta para canalizar disputas personales.

Pero además de todo eso, descubrí que lo usual en la UCR es que cada asesoría legal de cada dependencia tenga una interpretación particular de las normativas internas y de las nacionales. Es muy frecuente encontrar casos en los que una autoridad universitaria tiene en la mano dos oficios de dos asesorías distintas, acerca del mismo punto, con dos interpretaciones completamente diferentes. El resultado de la maraña burocrático-jurídica es, como ya todo el país sabe, la impunidad y la inseguridad jurídica.

El problema no solo es que tengamos reglamentos que son ambiguos o que establecen sanciones risibles para faltas graves y muy graves. Es que, además de eso, se nos puede ir la vida en discusiones jurídicas que dejan de lado lo más importante: nuestros deberes éticos como funcionarios y funcionarias de una institución pública.  La normativa no es un fin en sí mismo. Es un instrumento. Si el instrumento no funciona, debemos cambiarlo. Si la aplicación de ese instrumento no funciona, entonces debemos mejorarla. Pero debe haber voluntad ético-política. Y ahí es donde ha fallado, de manera estrepitosa, la UCR. No veo esa voluntad ético-política por ningún lado.

Veo lo contrario: gente que le huye a esa discusión y a ejercer esa responsabilidad. Si hay profesores, administrativos y estudiantes agresores, y que han sido agresores durante años, es porque existe un entorno que los ha habilitado, tolerado e, incluso, protegido y hasta celebrado. Si hay corrupción, ineficiencia, desgano, desinterés, es porque no existen consecuencias significativas por esas acciones u omisiones. Es que no pasa mayor cosa. Ahí vamos, a puro nadadito de perro. Hasta que el escándalo revienta en la portada de un periódico de circulación nacional y yo salgo, como ya es mi costumbre, con mi nueva frase célebre: ¡Les dije que esto iba a pasar!

Ahora bien, las cosas podrían ponerse interesantes. Se aproximan las elecciones para la Rectoría. Es un momento propicio para hacer preguntas incómodas: ¿Qué vamos a hacer con este desastre? ¿Cómo vamos a responder frente a la sociedad costarricense? Quiero escuchar a todos los profesores y profesoras que están ya en campaña electoral. Y estoy segura de que mucha gente estará atenta a sus respuestas.

Espero, por lo menos, no ser la única que siente vergüenza y rabia. Y espero que esa vergüenza y esa rabia movilicen la voluntad política que necesitamos para hacer los urgentes cambios que nuestra institución requiere, si es que pretendemos seguir diciendo, sin bajar la mirada, que sentimos orgullo y satisfacción de trabajar en la UCR.

GABRIELA ARGUEDAS

@maga72