La UCR, la ley de empleo público y la crónica de una muerte anunciada
Desde que entré a trabajar a la UCR noté algunas prácticas muy problemáticas que me parecieron éticamente cuestionables. Lo que más sorpresa me produjo fue el hecho de que a casi nadie le parecían ni problemáticas ni éticamente cuestionables. A diferencia de gran parte del personal docente, yo trabajé en varias empresas privadas e instituciones públicas antes de entrar a trabajar a la UCR. Y eso me permitió observar lo que para una gran mayoría era invisible porque estaba normalizado e internalizado.
Uno de los problemas es lo que denomino el sistema de castas en la UCR. Están las figuras intocables, a las que nadie se atreve a llamar a cuentas. Son muy pocas, pero existen. ¿Qué esto también pasa eso en otras instituciones públicas o privadas? Por supuesto que sí. Pero esa no es una excusa válida. Justificar una mala práctica en la UCR porque también se da en otras instituciones es mediocridad o simple y llano descaro. Allá, a lo lejos de las altas esferas de los intocables, está el personal docente interino (que enfrenta dificultades a veces más profundas que el personal interino administrativo). Lo que la prensa adora publicar es el salario de la pequeña élite, pero lo que nunca publica es lo que gana y, más aún, lo que debe trabajar una profesora o profesor interino, para ganarse ese muy delgadito salario.
Cuando yo fui interina cargaba con los cursos que nadie quería dar. Durante algunos semestres tenía que dar 4 cursos con un nombramiento de medio tiempo. Mientras que quienes estaban más arriba en la cadena alimentaria daban dos cursos en medio tiempo. Me detengo acá un segundo: no hay forma humanamente posible de dar 4 cursos con medio tiempo, y terminar el semestre en buen estado de salud física y mental. Es decir, esto tiene un nombre. Se llama explotación. En esa situación está, aproximadamente, la mitad del personal docente de la UCR.
No creo que el interinazgo deba necesariamente conducir al nombramiento en propiedad. Sí considero que debe reducirse, pero nunca deben creársele expectativas irrealizables al personal docente interino. El nombramiento en propiedad debe responder a las necesidades de las unidades académicas, en razón de sus planes de estudio, sus proyectos a futuro, y los nuevos retos o problemas que esa disciplina debe incorporar, en un mundo en el que la ciencia y el conocimiento, en general, se transforman velozmente. Los criterios que deben prevalecer son la excelencia académica y la experiencia profesional. Pero, atención, eso no implica que quienes trabajan de manera interina deban ganar un salario ridículamente inferior al esfuerzo y el trabajo que hacen.
Esto me lleva a otro problema. Los concursos para el nombramiento en propiedad de docentes no siempre conducen a elegir a la mejor persona para el puesto. Muchas personas con una extraordinaria formación académica y experiencia en investigación se han ido de la UCR porque las escuelas han apoyado a otras personas, a pesar de que no tienen tan buenos atestados. Y podría seguir analizando, por ejemplo, la larga lista de problemas que hay en el sistema de régimen académico y en el sistema de pago de dedicación exclusiva. Muchos de los errores históricos que condujeron a salarios inmoralmente altos se han corregido, pero eso no elimina la existencia de esos salarios, porque esas personas tienen derechos adquiridos y legalmente la UCR no puede hacer nada para bajarles el monto. Esta es la introducción y digamos, también mi grito de frustración. Pero no es el punto al que quiero llegar.
Este es el punto. Todos estos problemas son conocidos y son viejos. Pero no se han solucionado porque para solucionarlos, las administraciones e instancias normativas (Rectoría, Consejo Universitario) habrían tenido que enfrentar la ira de ciertos grupos en la UCR. Con voluntad política suficiente, esa ira se habría podido enfrentar. Habría sido difícil y nadie habría salido ileso, pero sí se podría haber hecho mucho más de lo que la UCR ha hecho hasta el momento para poner orden en la casa.
Llego al punto. Los políticos más serviles a las élites económicas de este país, que impulsan el modelo neoliberal de Estado, la sociedad y el mercado, anhelan desde hace muchos años, otro tipo de universidad. Y si se privatiza, pues mucho mejor aún. Desde hace unos años, las campañas de ataque contra las universidades públicas han utilizado –muy hábilmente- todo ese material que las mismas universidades proveen (y que ya resumí en la introducción), para crear una imagen mediática caricaturizada y espantosa de la educación superior: “Somos un montón de vagos, privilegiados, todos ganamos 7 millones de colones, y lo único que la UCR le da al país son grupos de estudiantes adoctrinados que quieren quemar al país completo”.
Aclaremos esto de una vez: Esas campañas y esos políticos que hoy impulsan el Caballo de Troya de la Ley de Empleo Público no quieren orden financiero y eficiencia, ni en las universidades públicas ni en las instituciones del Estado. Eso es falso. El objetivo es acelerar y, si es posible, concluir de una vez por todas, la deseada reforma neoliberal del Estado que, necesariamente, anula al Estado Social.
Pero, por más repugnante que me parezca este proyecto, yo –como ciudadana y persona crítica- no puedo dejar de decir que a todas las instituciones del Estado, incluyendo la UCR, les toca hacer una profunda autocrítica dirigida a mejorar los servicios que le brindan a la población. Esta crisis no habría podido llegar al nivel en que está, de no ser porque nuestra imagen, como institución, fue dañada gracias a las prácticas inaceptables que se toleraron por muchos años. Hoy los medios de comunicación usan falacias que capitalizan los casos excepcionales de salarios excesivos, para catapultar un proyecto que destruirá la autonomía universitaria. Y no olvidemos los escándalos por los casos de hostigamiento sexual, la situación gravísima en algunas sedes regionales (que ameritaron hasta la intervención del OIJ), los casos de acoso laboral por doquier, más las vergonzosas estrategias de mentiras y manipulación durante la pasada campaña electoral.
Concluyo: La destrucción de la autonomía universitaria es una tragedia, no solo para las universidades públicas, sino para el país entero. A esa tragedia han contribuido estudiantes, docentes y administrativos. No somos solo “víctimas”. Y si queremos evitar que sepulten la autonomía universitaria, como lo quiere una mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa (muchos de ellos motivados por razones antidemocráticas e incluso fanático-religiosas), la población costarricense debe escucharnos hablar fuerte y claro, dando una verdadera rendición de cuentas, y no una simplista rendición de excusas.
Es ahora, o nunca.
GABRIELA ARGUEDAS
@maga72