COVID19 y la jugada tica ante la Organización Mundial de la Salud
Con el propósito de ampliar el acceso a productos médicos, tecnologías y datos para combatir COVID-19, el Gobierno de la República realizó una solicitud oficial ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que gestione el acceso y uso de información protegida a través de diversos instrumentos de propiedad intelectual como derechos de patente, modelos industriales, entre otros; para el desarrollo de medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico, equipos especializados, etc.
Si la OMS establece este mecanismo voluntario que le propone el Estado costarricense, se podría crear una vía que atraiga a numerosos gobiernos, industrias, centros de investigación y desarrollo tecnológico y organizaciones no gubernamentales, para sumar esfuerzos que permitan, en el menor tiempo posible y con el máximo de accesibilidad, obtener una batería de alternativas de diagnóstico, tratamiento y prevención de la infección causada por el virus SARS-Cov-2.
Esta gestión, liderada por Costa Rica, en medio de un caos global inédito, se da en un momento clave. Podríamos decir, de manera metafórica, que el Poder Ejecutivo ha demostrado tener precisión quirúrgica para leer el escenario internacional en términos de salud, mercado y tecnologías. La creciente preocupación global acerca del acceso a medicamentos y otros productos que están en desarrollo o en fase de investigación demuestra, una vez más, que la innovación en el campo fármaco-terapéutico viene fallándole a las grandes mayorías, desde hace mucho tiempo.
La carta firmada por el Presidente Carlos Alvarado y el Ministro de Salud, Daniel Salas, dirigida al Director General de la OMS, indica que, dada la urgencia global, la OMS podría desarrollar un memorando de entendimiento sobre el intercambio de tecnologías financiadas por el sector público y privado, asegurando un acceso gratuito o bien, la concesión de licencias en "términos razonables y asequibles, en cada país miembro". La carta deja abierto el espacio para definir a posteriori cómo se compartirían los activos específicos y los términos para hacerlo. Además, el Estado costarricense también le solicitó a la OMS la creación de una base de datos de actividades de investigación y desarrollo relacionadas con los productos para atender COVID-19, incluidas las estimaciones de los costos de los ensayos clínicos y los subsidios otorgados por gobiernos y organizaciones benéficas.
La gestión del gobierno se suma a una ya larga historia de movimientos sociales y de acciones estatales para presionar por la concesión de licencias obligatorias para medicamentos necesarios en los países, pero cuyo precio es prohibitivo. Recordemos que las normas establecidas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para este tipo de licencias quedaron aún más restringidas en razón de los términos dispuestos en los acuerdos bilaterales de libre comercio que EEUU ha firmado con varios países, incluyendo el CAFTA.
La crítica situación global provocada por COVID19 ha hecho que varios países recurran ya a esos complejos mecanismos de licencias obligatorias. Por ejemplo, hace unos días Israel aprobó una licencia obligatoria (es decir, levantó la exclusividad que otorga el derecho de patente) de un medicamento utilizado en pacientes VIH+, pero que parece tener también actividad terapéutica en la infección por SARS-Cov-2 (coronavirus). De esta manera, el Estado de Israel no se ve obligado a pagar las altas sumas que la casa fabricante podría exigir por este medicamento, para ser utilizado como opción de tratamiento en esta pandemia.
Pero la propuesta costarricense de crear un pool de derechos de propiedad intelectual va mucho más allá del mecanismo de licencia obligatoria usado por Israel. El objetivo es atraer una amplia gama de tecnologías y una mayor cantidad de entidades, en lugar de aplicar el engorroso proceso de disputa por una licencia obligatoria, caso por caso (es decir, para cada medicamento o tecnología diagnóstica, etc.)
Esta estrategia del gobierno apuesta por conseguir, no solo para Costa Rica, sino para todos los países, un acceso más equitativo y articulado a productos indispensables para atender la pandemia. Lo más significativo de esta acción es que abre la oportunidad, en el terreno internacional, de ponerle límites (al menos en situaciones extremas como una pandemia) al enorme poder de negociación que tienen las grandes corporaciones farmacéuticas. Y en este proceso, también permite volver a colocar el análisis crítico del modelo de innovación y desarrollo dominante en el campo farmacéutico, en el centro de las discusiones sobre el derecho humano a la salud y el precio de los medicamentos.
Realmente es una gestión histórica y solo resta esperar que los demás gobiernos se sumen y apoyen esta iniciativa costarricense.
GABRIELA ARGUEDAS
@maga72