Nueva lista de “grandes contribuyentes” que declaran cero impuestos, curiosidades
JORGE LUIS ARAYA
Algunas curiosidades se desprenden de la última lista del Ministerio de Hacienda sobre los grandes contribuyentes (GCN) que registraron cero impuestos en su declaración de utilidades.
En el 2019 fueron 23 empresas GCN las que declararon cero impuestos por no tener utilidades. Es exactamente la tercera parte de las 69 que lo hicieron en el 2018, según los listados actualizados que el anterior ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, le envió a petición al diputado José María Villalta (Frente Amplio) el pasado mes de marzo, pero que se divulgó hace apenas unos días.
Los que aparecen en el periodo 2018 a su vez son prácticamente solo un tercio de los cerca de 200 GCN que figuraron en una primera lista de Hacienda que causó sensación ese año.
Figuraron entonces las mayores y más connotadas empresas del país -bancos, hoteleras, medios de comunicación, industrias – declarando cero impuestos en su declaración de utilidades desde el 2008.
Banco Lafise, Polymer, Reservas Conchal y Occidental Esmeralda son algunas de las firmas que reportaron cero ganancias desde 2008 y ya no figuran en la lista en el 2019, pese a seguir considerándose grandes contribuyentes.
En la nueva lista del periodo 2019 entre las sociedades que reportaron pérdidas o cero ganancias aparecen la Agencia Datsun, Grupo Nación GN, Corporación Pipasa, Cemaco Internacional, Clorox de Centroamérica, Exportaciones Norteñas, Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, Avon de Costa Rica, Rena Ware de Costa Rica, Siemens, Francisco Llobet e Hijos, Grupo Quality Motor, entre otras sociedades.
En el caso de la primera lista publicada en 2018, Hacienda inicialmente se negó a entregarla aduciendo que era información confidencial, pero la Sala Constitucional, al resolver un recurso a favor de miembros del movimiento cívico Territorios Seguros, determinó que era un asunto de interés público.
Ahora, ante el nuevo listado de Hacienda, con menos nombres, la pregunta es: ¿qué se hizo el resto de los GCN?
Se mencionan varias posibles causas de dicho achique de la nómina.
Una, que algunas empresas podrían haber quedado fuera de la clasificación con cambios que introdujo Hacienda en los parámetros para considerar una empresa como GCN.
Tras la actualización que hizo Hacienda a partir del 2018, ahora se clasifica como GCN al que registra en promedio al menos ¢450 millones de impuestos liquidados en los últimos tres años (anteriormente era ¢120 millones el último año) y un activo declarado de ¢50.000 millones (antes ¢40.000 millones y no especificaba como ahora, que debía ser activo declarado), entre otros cambios en la reglamentación.
Otra posible causa es que las empresas hayan declarado algo de impuestos para no figurar en la lista.
Para aclarar el punto el diputado Villalta solicitó a Hacienda la lista de empresas que declararon hasta un 5% de impuesto. Tributación la denegó y el asunto está pendiente de resolución de un recurso presentado a la Sala Constitucional.
Cabe anotar que paralelamente Hacienda tiene también un listado de “Grandes Empresas Territoriales” (GETES), y que en el caso de las que declararon cero impuestos, a diferencia de las GCN, más bien aumentaron, y de las 100 empresas que eran 1918 pasaron a 144 en 2019, menos, eso sí, que las que había en la primera lista del 2018.
Tras la modificación de criterios, las GETES son ahora aquellas empresas que en promedio tributaron ¢120 millones en los últimos tres años (ya no ¢80 millones en el último año como era anteriormente), y cuyos ingresos brutos sean al menos ¢25.000 millones (en vez de los ¢20.000 millones anteriores).
A los legos nos explican expertos tributarios, analistas y voceros oficiales y oficiosos, que las mencionadas declaraciones de cero impuestos no necesariamente comportan algo ilícito.
Lo que sucede usualmente, dicen, es que los contribuyentes aprovechan lagunas que hay en la legislación para hacer sus declaraciones de la manera que más les favorece y para reducir el pago de impuestos.
No se trataría entonces de un delito de evasión de impuestos, sino que la figura técnica es “elusión”, no es ilegal, y “aquí no pasa nada”.
Mientras tanto ni en el Ejecutivo ni en cuesta de Moras hay prisa por tapar los huecos legales que benefician sobre todo a los más poderosos, que disponen de contadores y asesores legales expertos en encontrar portillos para eludir el pago de impuestos.
RECHAZO
Conforme al estado de cosas, el pasado 16 de marzo fue noticia el rechazo en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que pretendía forzar al Ministerio de Hacienda a publicar mensualmente la lista de contribuyentes morosos con el fisco, y dar a conocer cada año la lista de GCN y GETES que declaran cero utilidades.
El expediente 21.161, iniciativa del Frente Amplio para reformar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, fue votado negativamente con base en el informe de subcomisión apoyado por María Inés Solís y Oscar Cascante, diputados del PUSC; Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales (PLN); Carlos Avendaño (PRN), y el independiente Harllan Hopelman.
A favor del proyecto votaron Laura Guido y Nielsen Pérez (PAC), quienes presentaron un dictamen de minoría (con remotas posibilidades de ser acogido cuando el proyecto sea discutido en el plenario legislativo).
María Inés Solís defendió el dictamen de mayoría aduciendo que, aunque el proyecto puede ser popular y “es vendido como una mejora en el principio de transparencia, en un análisis integral hemos concluido que es innecesario y puede ser perjudicial".
Según la legisladora, el contribuyente que declara el impuesto a las utilidades en cero no necesariamente significa que esté evadiendo el pago de impuestos y que incumple el deber constitucional de contribuir con el financiamiento del gasto público.
En su criterio, con el proyecto se podría estar exponiendo y dañando sin justa causa la imagen del contribuyente en el ambiente social en el que se desenvuelve, pues la propuesta de ley irrumpe en aspectos que son de carácter confidencial, y que podrían considerarse delicados, como es todo lo que envuelve la materia tributaria.
Por el contrario, Nielsen Pérez se declaró en desacuerdo con el informe de la comisión, pues dijo que la iniciativa de ley pretende fortalecer la publicidad de los contribuyentes morosos, y recordó que la Procuraduría General de la República no encontró ningún problema en el proyecto.
COMPORTAMIENTOS IRREGULARES
En 2015 y 2018, antes de la publicación de la primera lista de grandes contribuyentes con declaración reiterada de no tener utilidades, la Contraloría General de la República publicó sendos informes de auditorías que identificaron comportamientos irregulares de GCN y GETES.
En esa oportunidad la entidad, auxiliar del Legislativo, en coincidencia con otro estudio de Tributación, calculó que la evasión y elusión fiscal en el país alcanzaba alrededor del 8% del Producto Interno Bruto (PIB); es más o menos lo que representa el déficit fiscal hoy día.
La comisión legislativa que investigó en el 2017 las revelaciones de los llamados Papeles de Panamá, sobre la utilización de sociedades inscritas en paraísos fiscales extranjeros, por parte de empresarios y políticos, para ocultar bienes y eludir el pago de impuestos, identificó al menos a 28 figuras empresariales y políticas del país que utilizaron esos mecanismos, aprovechando portillos abiertos que deja la legislación actual.
La comisión propuso ocho proyectos de ley que se agregaron a otros ocho que ya estaban en trámite legislativo, para actualizar y fortalecer la legislación, a fin de combatir más eficazmente las maniobras fraudulentas con sociedades y movimientos de capitales asentados en paraísos fiscales del tipo de Panamá, Bahamas o Islas Vírgenes, y el que se configura incluso en Costa Rica con las permisivas leyes que hay.
Pero, salvo la aprobación de un par de proyectos de poco alcance, en la Asamblea Legislativa no ha habido interés en impulsar las iniciativas, a pesar de tratarse de un asunto urgente y crucial para la mejora de la recaudación y el sostenimiento del estado de derecho. Máxime con las urgencias del abultado déficit en las arcas públicas y la necesidad de recursos que tiene el Estado para atender la crisis de la pandemia del coronavirus.
JORGE LUIS ARAYA
Periodista