La violencia, dónde están los responsables
JORGE LUIS ARAYA
Los hechos de violencia en las protestas contra el combo gobierno – FMI ¿son culpa de revoltosos irresponsables que han llamado a manifestarse en las calles y han tenido seguidores en todo el país? ¿O son producto de la frustración y la rabia acumulada contra un gobierno que le dio vuelta a sus electores y traicionó su propuesta política para juntarse con la elite económica?
Una mirada más allá de los simplismos con que tratan de distraer portavoces de bandos encontrados, encopetados analistas, editorialistas, y los medios alfombra del gobierno (prácticamente todos salvo contadas excepciones) evitaría explicaciones cajoneras que llevan a ninguna parte.
Veamos por ejemplo lo que ocurrió el pasado lunes 12 de octubre en San José con la concurrida marcha contra con la propuesta de acuerdo con el FMI que presentó Zapote y la injusticia tributaria que pretende profundizar.
Es de manual. El gobierno infiltró provocadores en la marcha, disfrazados de falsos manifestantes. Un truco conocido que utiliza la policía para espiar, identificar a los manifestantes, provocar violencia y desprestigiar así las protestas sociales. La novedad esta vez es que no les salió bien, porque, los manifestantes hicieron fotos y videos de infiltrados que identificaron como provocadores del caos. Como los valientes, el ministro de Seguridad Michael Soto, primero sostuvo ante consultas de periodistas independientes que no conocía que hubiera la infiltración policial, pero luego la evidencia de las imágenes publicadas en internet lo obligó a reconocerla.
Al final ese día, lo que había sido una manifestación pacífica durante todo el recorrido por la avenida segunda y la avenida central hasta llegar frente a la Casa Presidencial en Zapote, terminó en zafarrancho, con lanzamiento de gases lacrimógenos, manifestantes golpeados y detenidos, y decenas de policías lesionados.
Los medios de prensa comerciales llegaron a lo suyo. A mover ánimos contra la protesta, a poner el foco sobre el puñado de violentos que lanzaban piedras, empujaban barandas de contención, los policías heridos y los manifestantes detenidos.
Nada sobre anterior el desarrollo pacífico de la marcha y sus motivaciones, ni los policías infiltrados como falsos manifestantes que ayudaron a caldear lo ánimos frente a la Casa Presidencial.
Y es que cada vez que estalla un conflicto oficial de envergadura se pone en marcha el operativo mediático que condena la violencia atribuida las protestas sociales, mientras se pasa por alto acúmulos de violencia institucionalizada en el ejercicio del poder político y económico, que está en la raíz del enojo y reclamo popular, y cuyos responsables deberían comparecer por el clima de desmoralización y desconfianza ciudadana en las instituciones que causan.
Respecto a la crispación social actual la narrativa liviana deja de lado que el detonante inmediato de la rabia expresada en los bloqueos de tránsito y manifestaciones en las calles vino de la reiterada negativa presidencial de escuchar y tomar en cuenta las propuestas de sectores para solucionar la crisis económica y social. Y sobre todo con “la agarrada de chancho” que sintieron sectores sociales tras el “Costa Rica escucha, propone y dialoga”, un cacareado proceso de consultas que lanzó la presidencia supuestamente para escuchar y dar cabida a propuestas de distintos sectores.
Ejercicio que, sin embargo, solo le sirvió para ganar tiempo y sacar una inopinada propuesta de acuerdo con el FMI para obtener un préstamo de $1.750 millones, el cual se estrelló contra un generalizado rechazo de la gente que obligó al presidente Carlos Alvarado a retirarlo, dada la recarga impositiva que ponía sobre la clase media y baja, ya de por sí agobiadas por la actual crisis.
Mientras tanto en medio de esta situación aparecen funcionarios y encopetados analistas - habituales en los medios y en redes sociales – que se rasgarse las vestiduras por el “vandalismo” de los manifestantes y los daños a la economía causados durante las protestas y bloqueos de carreteras.
Pero hay una inconsecuencia flagrante. Son por lo general al mismo tiempo gente de cómoda posición que no pierde el sueño ante iniquidades insolentes que no se tocan, como el multimillonario lavado de dinero que recorre el sistema bancario nacional ($5.000 millones según la revista Global Finance), o las “morrocotudas” exportaciones de droga disfrazada de piña y banano, las cuales no parecen tener dueño, pues los nombres de los responsables nunca aparecen.
Tampoco se les ve molestos por el uso de paraísos fiscales y la multimillonaria evasión y elusión de impuestos por parte de la élite económica del país (entre $3.500 millones y $5.000 millones al año, según el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves), o los millones y millones que son robados en amañadas contrataciones públicas, hasta donde permiten ver las denuncias que se ventilan cada cierto tiempo, sin parar, entre un largo etcétera de abusos sin fin.
Todo eso convenientemente tolerado y disimulado, aunque sea la raíz de las otras violencias menos refinadas y que sí suscitan escándalo.
JORGE LUIS ARAYA
Periodista