Ante la crisis
Ante la emergencia provocada por la aparición de la pandemia asociada al Coronavirus, o Covid-19, el gobierno anunció una serie de medidas económicas tendientes a paliar, al menos parcialmente, las difíciles condiciones que tendrá que enfrentar el sector productivo.
Sin embargo, llama la atención que el único sector que recibirá paliativos será el de los empresarios, en tanto la mayoría de la fuerza de trabajo, especialmente del sector privado, tendrá que soportar algunas dificultades difíciles de estimar.
La última medición del empleo realizada en diciembre de 2019, y dada a conocer a principios de este 2020, ya ubicaba el desempleo en 12,4% de la fuerza de trabajo, una cifra récord con 309 mil personas buscando trabajo de manera activa. Pero, adicionalmente, la restricción de la movilidad interna, al turismo y otras acciones propuestas para contener el avance viral y preservar la salud la población repercute de manera directa sobre el sistema productivo. En algunos casos será necesario cerrar establecimientos y en otros casos se reducen las jornadas de trabajo con consecuencias directas sobre los ingresos ya afectados por una disminución de la demanda agregada.
En auxilio del sector productivo el gobierno tomó algunas iniciativas y también propone a la Asamblea Legislativa nuevas leyes para apoyar a las empresas y evitar los despidos masivos.
La reducción de ingresos, inevitablemente, tendrá repercusiones sobre la planilla empresarial, y en su auxilio se propone una moratoria impositiva y de la seguridad social, que no significa ni la condonación de deudas ni la exoneración de obligaciones que seguirán vigentes, pero que sí otorgan el equivalente a un crédito por el período que dure la emergencia nacional (y mundial), sin tasas de interés. En esto, las medidas parecen seguir la tendencia de la Reserva Federal del Gobierno de los Estados Unidos, que bajó las tasas que ahora oscilan entre cero y 0,25 por ciento anual.
De igual forma, el Banco Central de Costa Rica dispuso una baja en la Tasa de Política Monetaria (TPM) y podría reducir nuevamente el porcentaje de los depósitos dispuestos como Encaje Mínimo Legal, el cual había bajado del 15% al 12% a mediados de 2019 y que en su momento había liberado cerca de 400 mil millones de colones. Poco antes de la crisis, el exceso de liquidez del Sistema Bancario Nacional había superado los 600 mil millones de colones, con lo cual el sector financiero se encontraba más bien, en una situación boyante y en la búsqueda de proyectos para prestar recursos a tasas que no siempre era muy beneficiosas para los deudores o posibles inversionistas.
Estas medidas en poco benefician a la población que, lamentablemente, habrá de experimentar desde una reducción de salarios nominales hasta el despido. Con menores ingresos, la economía de los hogares deberá seguir enfrentando las demandas por falta de pago de obligaciones originadas en el consumo, que ya alcanzaban a 840 mil personas, cifra a la que habrá que agregar las nuevas demandas con ejecución de embargos salariales, prendarios y de hipotecas, ya que las disposiciones gubernamentales no contemplan paliativos para los asalariados, ni para los trabajadores por cuenta propia, ni las actividades independientes de trabajadores informales a los que ya les costaba alcanzar un mínimo de consumo de subsistencia.
Tal vez esta crisis comience a mostrar cuáles son las verdaderas vulnerabilidades de la economía costarricense, que ya registraba uno de los mayores índices de desigualdad. Bajo las nuevas condiciones, el desafío político más importante será encontrar un gabinete mejor dispuesto a entender las necesidades reales de la población para que el esfuerzo que la realidad demanda sea de verdad compartido.
DANIEL VARTANIÁN ALARCÓN
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